Dentro de diez días, ocho presidentes autonómicos, entre ellos el de Aragón, se reunirán en Santiago de Compostela para reclamar un sistema de financiación autonómica que incremente los recursos procedentes del Estado ante los problemas que tienen de despoblación, envejecimiento y dispersión. Se lleva días hablando de ello. El presidente aragonés, Javier Lambán, solicitó esta semana en el debate del estado de la comunidad la necesidad de que todos los grupos aragoneses vayan a una en esta cuestión y se alcance un gran acuerdo en favor esa justa demanda.

La mayoría de los partidos y el resto de la sociedad aragonesa tiene claro que es imprescindible una dotación de recursos ajustada en el nuevo modelo que próximamente tendrá que abordar el Gobierno central y las comunidades en el consejo de política fiscal. Se necesitan recursos y se necesita incrementar el porcentaje del reparto que tiene en cuenta esas peculiaridades. Apenas se tienen en el modelo vigente. Dentro del complejo sistema actual, el fondo de garantía que tiene en cuenta estas variables que pretende corregir y nivelar las desigualdades de los territorios apenas le da importancia a las cuestiones que estas ocho comunidades autónomas demandan. La dispersión solo supone el 0,6% del fondo, la superficie tan solo el 1,8% y la población mayor de 65 años (que también supone un encarecimiento de los servicios) un 8,5%. Es imprescindible incrementar estas variables para que Aragón se sienta compensada.

A pesar de esta acertada exigencia, se haría bien en reflexionar sobre otras cuestiones de las que no se habló apenas en el debate de política general y que la presentación, hace dos días, de los presupuestos de la comunidad para 2022 permite retomar. En concreto, la capacidad de la comunidad autónoma para generar ingresos propios que eviten la excesiva dependencia de la financiación procedente del Estado y del alivio que supone la llegada de una cuantía considerable de fondos europeos. Es decir, que el debate sobre la financiación autonómica y europea no debería distraernos de la poca capacidad que tiene la comunidad de generar ingresos propios, de tener una planificación fiscal que le permita compensar otros desequilibrios.

Si se echa un vistazo al capítulo de ingresos del proyecto de ley de presupuestos, hay un dato demoledor. El 70% de los ingresos de la comunidad proceden de la financiación autonómica (que además de ese fondo, el peso mayor lo tiene el 50% de la recaudación por el IVA que se paga en Aragón y por el 58% de la recaudación de los impuestos del alcohol, los hidrocarburos y el tabaco).

Por tanto, la financiación autonómica aportará 3.800 millones de los 5.400 aproximadamente que prevé ingresar la comunidad. Si a la financiación autonómica se le suman los ingresos procedentes de recurrir al endeudamiento y los fondos europeos, tan solo el 8% de los ingresos proceden de tributos propios y cedidos. Aquí hay un problema.

Se habla mucho de exenciones fiscales, de rebajar impuestos, de poner alfombras rojas a empresas que, bienvenidas son, pero a las que también habría que pedirles corresponsabilidad. Se habla, y mucho, de que somos líderes en captación de empresas, de que somos líderes en la instalación de multinacionales tecnológicas, del hidrógeno, de la agroalimentación, de la logística, de la aeronáutica, de las energías renovables, del turismo. Para ellas son los fondos europeos y ellas son las que reciben ventajas para instalarse. Y está bien, porque generan empleo (aunque a veces se dan cifras elevadas sin ningún aval de que esos miles de puestos de trabajo se correspondan con la realidad, o sobre la calidad de los mismos). Pero luego, la realidad es que toda esa captación de empresas, esa capacidad de liderazgo de la que se presume, no tiene un reflejo real sobre los ingresos. Es decir, se genera riqueza, sin duda, pero luego a la hora de la verdad tenemos que reclamar al Estado que transfiera más dinero porque Aragón apenas tiene capacidad de generar recursos propios. Con esta paradoja, es evidente que algo falla.