Quién le iba a decir a Roque Gistau, el que fuera presidente de Expoagua, el máximo responsable de la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008, que aquello que tanto discutió con el entonces alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, sobre la posibilidad o no de construir pisos en el entorno del recinto de Ranillas, quince años después (o más) iba a repetirse como una de las principales pugnas políticas entre el ahora alcalde, Jorge Azcón, líder de facto del PP aragonés, y el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, líder indiscutible del PSOE de Aragón. Los que como Gistau opinaban que habría que hacer un espacio residencial en la Expo para darle vida a semejante cantidad de espacio urbano, tenían razón. En la actualidad, toda la zona de los cacahuetes, desde la pasarela del Voluntariado hasta la estatua de Jaume Plensa, junto al Palacio de Congresos, deja de tener vida desde las cinco o las seis de la tarde, cuando las últimas oficinas abiertas en donde antes estuvieron los pabellones de la Expo se cierran. Es cierto que la Ciudad de la Justicia ha llevado movimiento de personal al espacio abierto al Ebro, pero ni los negocios tienen cartera para poder asentarse comercialmente, porque no hay gente más que de paso, ni los amantes de la bici, del running o de los perros tienen interés alguno en hacer algo más de una parada, carrera o paseo cuando se acercan por el paraje. Es por esto que la idea de generar vida asentando población no es nada descabellado, máxime si tenemos en cuenta que en la misma zona, al otro lado de la avenida, hay un hotel y una residencia, además de un hermoso parque. El caso es cómo se plantea esta cuestión y qué recorrido tiene entre las dos instituciones que tienen mucho que decir sobre el recinto Expo: el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Se puede partir de una necesidad perentoria: hace falta construir en la capital zaragozana vivienda pública y, sobre todo, pisos de alquiler para los jóvenes. Es verdad que ahora hay una buena oportunidad ya que entre los fondos que la Unión Europea reparte a España para sufragar los problemas derivados de la pandemia hay un apartado destinado precisamente a vivienda. Pero a partir de ahí surgen las actuaciones de los políticos que en muchas ocasiones (y en esta también) tienen un componente más partidista aunque lo camuflan de interés social y ciudadano. Unos y otros. Pese a que el alcalde zaragozano y el presidente autonómico presumen de un buen diálogo entre ellos, no parece muy normal que Lambán lanzara la propuesta en su discurso del Debate sobre el estado de la comunidad y que fuera allí, en la tribuna de invitados, donde el alcalde Azcón se enterara de ello. Si es así, nadie duda de que el proyecto lanzado tiene que ver con la llegada del popular a la presidencia del PP aragonés, ya que nunca desde la DGA se había mirado con tanto interés hacia la ciudad de Zaragoza ni se habían diseñado tantos planes como en las últimas semanas. Lo dicen hasta los propios socialistas. Por algo será. Pero también tiene razón el presidente cuando asegura (con mucho cinismo, eso sí) que cualquier ayuntamiento de Aragón estaría encantado de que el Gobierno autonómico le presentara proyectos de construcción de viviendas y se los diera hechos. Sin duda, enriquecen al municipio. Aunque obviamente, y esto es importante, la función del planeamiento urbanístico es tarea exclusiva de los consistorios y eso no se ha tenido muy en cuenta desde el Gobierno.
Podría pensarse que la pugna es por administrar los fondos europeos, ya que el ayuntamiento prefiere construir vivienda pública en los barrios consolidados, donde es necesaria la regeneración urbana, como Valdefierro o Santa Isabel, por ejemplo. Pero resulta que estas 500 viviendas de la Expo anunciadas desde el Pignatelli no tienen nada que ver con los fondos de la UE. Entonces, habría que preguntarse el por qué de este no municipal tan rotundo y de este sí en iguales términos del Gobierno. Además, desde la sociedad de la Expo, que controla mayoritariamente el Ejecutivo, ya existe un informe reciente para instalar más oficinas en los cacahuetes, e incluso se tenía prevista, además de la ampliación de la Ciudad de la Justicia, la llegada de las instalaciones del Circe. En caso de que se hicieran las viviendas habría que reconsiderar este traslado.
La cuestión es que mientras se cruzan informes a favor y en contra (las dos instituciones, los dos partidos) aún no se conoce el proyecto como tal del Gobierno, que parece que depende de la consejería de Hacienda y que se anuncia para esta próxima semana. Nadie sabe muy bien cómo se pueden transformar esos edificios en una estructura de viviendas sociales. Y para colmo, mañana, presidente y alcalde se juntan en la anunciada reunión bilateral en la que dicen que solo hablarán de aquellos temas pactados. Este no lo es. Pues uno y otro deberían hablar de esto y de lo demás y buscar y estudiar cuál es la mejor solución para los ciudadanos. El viernes, el alcalde ya emplazó a Lambán a negociar dónde se construyen los pisos. Por ahí tendría que haberse empezado todo. Pero da la impresión de que estamos abonados a la polémica.
