Hace un par de semanas, el diario El Mundo publicó una tribuna de Carlos Conde que hablaba de conflictos de intereses no declarados por parte de científicos sociales que tenían cargos vinculados a la Generalitat y al independentismo y publican textos sobre secesionismo en revistas académicas. Así, alguien que trabaja en departamentos lingüísticos de la Generalitat desde hace 30 años publica una evaluación de las políticas lingüísticas de la Generalitat. (No haré spoilers del resultado).
El exdirector de un instituto de Estudios de Autogobierno, dependiente de la Generalitat, coordina un número especial de una revista dedicado al secesionismo en las democracias liberales. El efecto sería instalar unas marcas y confundir la línea entre el activismo (bien pagado) y la investigación en ese terreno, y acabar “naturalizando” como primordial una forma de pensar sobre un asunto. Puede que sea un accidente y puede que solo lo parezca, pero la pregunta sobre el conflicto de intereses y fuentes de financiación es legítima.
Algunos, tanto entre los aludidos como entre sus colegas, protestaron por el artículo, habitualmente en épicos hilos de Twitter que recomiendo leer con el acompañamiento de la banda sonora de El último mohicano. Señalaban una persecución por las ideas, cuando lo que reclaman era lo contrario; exigían una exención por las ideas; a causa de sus opiniones sus acciones debían estar libres de todo reproche. No se les debían aplicar las reglas que rigen para otros.
Hablaban de macartismo (?) y de que no les harían callar, mientras mandaban callar a quienes criticaban las malas prácticas. Fue una tempestad en un vaso de agua, con dosis de buena voluntad, solidaridad gremial e hipocresía gimoteante. Alguno se colocaba en el justo medio entre dos extremos indeseables: “del mismo modo que no acepto la estigmatización de los no secesionistas, rechazo esta tribuna”.
Es una aspiración admirable: ojalá fuera cierta. Porque cuando el independentismo ha cometido aberraciones reales, y no una tribuna sobre conflictos de intereses y financiación, cuando las universidades catalanas adoptan posiciones partidistas y desprecian la neutralidad institucional, cuando la Generalitat anuncia que pondrá buzones anónimos para fiscalizar a profesores que usen el castellano en clase, o cuando se violaron los derechos de la oposición en 2017, apenas se les oyó. Si les molestaba, lo dijeron en voz baja. Quizá porque, aunque los hilos de Twitter alertan de las supuestas represalias a los académicos por apoyar al independentismo, en ciertos ámbitos quien se expone de verdad es quien lo denuncia.
