Cita a ciegas

Cada vez que se nombra la cita previa como obligación para iniciar cualquier trámite o gestión administrativa a mí me empiezan a entrar unos sudores incontrolables acompañados de taquicardias. Va en serio. Es como si me tuviera que enfrentar a una cita a ciegas. Esas citas en las que pones muchas esperanzas y a continuación te llevas un chasco morrocotudo.

Ya puedes arreglarte mucho, dulcificar el tono de voz a la espera de que alguien «al otro lado» conteste con amabilidad o hable despacio para entender la jerga administrativa de la funicionaria/o de turno.

En una cita a ciegas lo peor que puede pasar (o mejor, según se mire) es que la persona con la que has contactado no aparezca. En una cita previa es que te redireccionen a una web donde «usted podrá seguir todos los pasos necesarios». Y ya hemos caído con todo el equipo ante el muro administrativo al que te conduce el procedimiento telemático sin remisión ni piedad. Desde luego para empezar si no tienes el certificado digital tú como persona, usuario, ciudadano o lo que seas no vales nada. Eres totalmente prescindible, opaco y desconocido para las administraciones públicas. Excepto para Hacienda.

El otro día decía en este periódico el coordinador federal de Seguridad Social de UGT, Martín Lanzas, que «la cita previa es una estafa monumental, un servicio al que hoy es imposible acceder». Con este método, tan necesario con el covid, se ha producido ahora un bloqueo con la Administración y no se puede saber los miles de españoles que estamos sentados frente a las pantallas esperando encontrar una cita o que nunca reciben una respuesta a tiempo para cuestiones vitales como son las prestaciones sociales, las ayudas a la paternidad, gestiones de orfandad, pensiones, ayudas para el alquiler, etc. Las imprescindibles web hechas, se supone, por ingenieros informáticos resultan farragosas, con un lenguaje exclusivo para ellos en el que los trámites más sencillos se convierten en tareas de ciencia ficción.

Conclusión, ante semejante desesperación y terminar con el calvario que supone pelearse con la Administración Pública no queda otra que acudir a las gestoras o despachos de abogados para que resuelvan el insufrible seguimiento de los trámites. De nuevo tenemos la ecuación perfecta: la pública parece apoyarse en la privada para resolver lo que no funciona. Pero, ¡ojo!, sólo para quien pueda pagar su precio.

El colmo de todo este colapso es cuando comprobé que para comprar bonos, letras o deuda del Estado (extraordinariamente publicitada en todos los medios) y con una masiva respuesta de los pequeños ahorradores, es necesario llamar al Banco de España para conseguir una cita previa y llevan una demora de tres meses.

Así que como en las citas a ciegas seguiremos esperando encontrar a alguien que nos haga la vida más fácil. Mientras que en las citas previas confiaremos en que las cosas funcionen mejor para romper el muro y que nos atiendan con amabilidad, ya que nuestra paciencia está al límite.

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