Justicia social

Recientemente hemos conmemorado el Día Mundial de la Justicia social y el Día de la Cero discriminación y tenemos muy presentes frases como la de escritora turca afincada en Hamburgo Ece TemelKuram, que nos recuerda que «la democracia sin Justicia social es un teatro de sí misma».

La Justicia social es imprescindible para una convivencia pacífica, y es tarea de toda la sociedad; pero las administraciones tenemos una responsabilidad añadida, hemos de fortalecerla como valor social; asentar los cimientos que fomentan la igualdad de derechos (tanto los individuales como colectivos), la integración y la lucha contra la discriminación para evitar desigualdades. A menor desigualdad, más justicia social y, por lo tanto, más democracia. Este camino hacia una sociedad más igualitaria, justa y pacífica no puede recorrerse sin la protección de las personas más vulnerables frente a la explotación y la marginación.

Sobre estos principios de igualdad y no discriminación ha asentado el Gobierno de Aragón uno de sus principales ejes rectores. En todos los departamentos y áreas se adoptan medidas y se implementan acciones en esa dirección; además, este gobierno se ha dotado de diferentes instrumentos para conseguir esos objetivos, vigilarlos y recordar la necesidad de su cumplimiento.

Uno de ellos es el Observatorio Aragonés contra la Desigualdad en Aragón, que, entre otros cometidos y acciones, cada año realiza un informe sobre la desigualdad en nuestra Comunidad.

Recientemente, hemos presentado el cuarto trabajo en esta materia, un exhaustivo estudio sobre las desigualdades en un contexto de crisis permanente, tras la pandemia y la invasión de Ucrania. Este trabajo, fruto de la colaboración con la Universidad de Zaragoza y la de Barcelona, analiza la evolución de los indicadores más importantes de la desigualdad, condiciones de vida, mercado de trabajo, o educación, entre otros. De él se desprende que Aragón es la segunda Comunidad con menor desigualdad del país, solo superada por Cantabria. Este trabajo destaca también que el riesgo de pobreza se ha reducido. Los autores de esta investigación tienen claras las razones: las trasferencias públicas aplicadas, tanto estatales como autonómicas, han funcionado. Justo es decir que el informe recoge algunos indicadores menos positivos, de los que hemos tomado nota para implementar las medidas adecuadas y cuyos resultados se comprobarán en el quinto informe. El escudo social, se constata, ha funcionado; y el compromiso de seguir fortaleciéndolo sigue vigente.

A este contexto de crisis, y de desigualdades crecientes que hay que minimizar, se suma la realidad diversa y plural por la que transita Aragón, un caudal de valores y de riqueza económica y social, pero, a su vez, una posible fuente de conflictos sociales, si no aplicamos principios como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Es importante concienciar y educar en ellos para evitar que los extremismos crecientes puedan dinamitar la convivencia pacífica y generar conflictos sociales difíciles de resolver.

Las injusticias y la discriminación son formas de intolerancia y erradicarlas es nuestro deber. Así lo hace el Gobierno de Aragón con leyes que lo certifican y acciones que las desarrollan. Pero esta lucha no solo es tarea de las administraciones, en ella debe estar implicada toda la ciudadanía: es parte fundamental de la anhelada justicia social.

Un trabajo que empieza en las familias, en los colegios, en todos los ámbitos de educación y socialización, que debe marcar nuestra forma de ser y definirnos: una tierra de acogida capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones. Afirmaba Willy Brandt que «permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen» y en manos de cada persona, en nuestros pequeños gestos y acciones cotidianas, está el poder de cerrar ese paso.

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