EL 28M y la muerte digna

El derecho a una muerte digna y a poder acogerse a la Ley de Regulación de la Eutanasia (LORE) también estará en juego este 28M, especialmente en lo que se refiere a las comunidades autónomas, que administran la Sanidad y son por ello fundamentales a la hora de hacer verdaderamente efectiva tal posibilidad. Otro tanto ocurre con el desarrollo de una Sanidad pública de calidad, que es el factor básico para garantizar una asistencia adecuada y, cuando sea insoslayable, un final de la vida apacible, indoloro y correspondiente con los deseos de cada persona.

Por eso, Derecho a Morir Dignamente (DMD) quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para que ante las próximas elecciones autonómicas y municipales otorgue su voto a los partidos y coaliciones que reconocen expresamente el derecho a morir con dignidad y a una aplicación correcta de la LORE, y que por ello mismo nieguen su sufragio quienes lo rechazan o entorpecen. No se nos puede ocultar que ahora mismo, en España, la aplicación de la eutanasia, pero también de unos cuidados paliativos dignos de tal nombre y de una sedación terminal ceñida a los protocolos internacionales, está siendo boicoteada sistemáticamente por fuerzas políticas reaccionarias cuya ideología asume el sufrimiento y degradación de los enfermos hasta límites terribles en nombre de un pretendido respeto a la vida.

DMD invita al electorado a premiar a las fuerzas políticas que proponen en su programa sanitario difundir masivamente la tramitación y registro de los documentos de voluntades anticipadas donde cada persona expresa por anticipado cómo desea morir en caso de enfermedad incurable o padecimiento extremo, que disponga el desarrollo de la LORE con determinación, transparencia y voluntad de respetar íntegramente un derecho reconocido y aprobado por una gran mayoría en ambas cámaras legislativas, que asimismo informe y forme a los profesionales de la Sanidad para que tal desarrollo de la LORE se haga realidad en el día a día, que valore la actitud al respeto de dichos profesionales y obligue a los objetores de conciencia a cumplir la ley, apartándose del proceso asistencial de eutanasia sin entorpecer su aplicación, y que, entre otras cosas, desarrolle un Observatorio de Muerte Digna y promueva y evalúe la implicación al respecto de profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Todo ello, en el marco de una Sanidad pública que conjugue nivel técnico y capacidad asistencial con la voluntad de garantizar a sus usuarios todos los derechos pertinentes: el de ser tratados y curados de sus enfermedades cuando sea posible y el de ofrecerles un final humano y acorde con su voluntad libremente expresada.

El 28M también está todo ello en juego. Tengámoslo en cuenta.

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