Capitalidad y financiación local

Posiblemente una de las consecuencias más positivas de las recientes elecciones autonómicas y municipales en Aragón haya sido el que, por fin, tras muchos años, las dos principales instituciones de nuestra tierra, el gobierno autonómico y el ayuntamiento de la capital, vayan a estar dirigidos por equipos de gobierno del mismo signo político. Ello permitirá, esperemos, que se resuelvan todos esos contenciosos y desencuentros que han caracterizado las relaciones entre ambas administraciones, que no se han distinguido precisamente por la lealtad.

En nada ha ayudado el disparatado mapa competencial, ese reparto de responsabilidades en donde no ha primado precisamente la racionalidad sino las ansias de poder de sus sucesivos dirigentes, deseosos de ampliar siempre sus ámbitos de decisión. Una de nuestras leyes, la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, enuncia ese principio antiguo, nunca puesto en práctica: «una competencia, una administración». Y sin embargo, en ambas instituciones se habla con naturalidad de las «competencias compartidas», que deberían estar proscritas, aunque sólo fuera por criterios de eficiencia económica y de gestión, y de «competencias delegadas», financiadas casi siempre insuficientemente por una administración pero ejecutadas por otra. Se invoca un supuesto principio de subsidiariedad mal entendido, la administración más cercana. ¿Transferimos la Educación a los ayuntamientos? ¿O la asistencia sanitaria? La administración que financia una competencia –el Gobierno de Aragón o, mejor, el Gobierno central– es la que debería ejercerla, de forma equilibrada y equitativa en todo el territorio, sin que pueda haber, a mi juicio, diferencias derivadas de las distintas disponibilidades presupuestarias del ayuntamiento de turno o de las prioridades políticas de sus gobiernos: pienso en la asistencia social, por ejemplo, aunque no solo.

El debate sobre la financiación ha consumido mucho tiempo y muchos recursos: el famoso Fondo de Capitalidad, ocho millones de euros frente a los cincuenta inicialmente prometidos, o los fondos incondicionados procedentes de un Convenio Bilateral Económico-Financiero que tardó cuatro años en firmarse y que están siendo objeto de interpretaciones contradictorias. Aquellos fondos incondicionados han resultado no serlo. Todo anticipa un nuevo contencioso, salvo que los dos nuevos gobiernos, ahora del mismo signo, se pongan de acuerdo y zanjen la cuestión por el bien de todos. No es razonable que los servicios jurídicos de una y otra administración malgasten su tiempo y nuestro dinero en litigar entre ellos en lugar de resolver nuestros problemas. Es difícil avanzar así.

La administración más endeudada, el Gobierno de Aragón (casi nueve mil millones de deuda), financia a la menos endeudada, aunque también lo está mucho (más de seiscientos millones), el Ayuntamiento de Zaragoza, y este a cambio le resuelve al gobierno autonómico problemas de gestión para los que no tendría ni recursos ni capacidad, y le ahorra gastos: presta servicios de responsabilidad autonómica insuficientemente financiados. La nueva Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal introduce ahora nuevos elementos de distorsión. No creo que sea una ley viable ni de fácil aplicación. De entrada congela el Fondo de Capitalidad de Zaragoza que debería haberse revalorizado con el paso de los años, aunque no lo ha sido, e introduce unos criterios de reparto entre los más de 700 ayuntamientos aragoneses que se antojan absolutamente inviables. Compadezco a los funcionarios que deban aplicar sus fórmulas de reparto, calcular el esfuerzo fiscal de sus vecinos, el número de habitantes de sus núcleos de población distintos del núcleo principal o determinar el índice de funcionalidad (grado de influencia de un municipio sobre el resto del territorio a partir de un conjunto de características representativas de funciones de carácter supramunicipal que se ejercen desde el mismo, ponderadas según su importancia o alcance (sic)…) No, no será fácil de aplicar. Simplificar el mapa competencial y resolver la financiación local va ser uno de los primeros problemas para el nuevo gobierno autonómico.

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