Nuevo curso: ¡mucha faena!

Mucha faena para el curso que comienza. Guste más o guste menos, la LOMLOE está en marcha y no puede pararse, así como así. Los gobiernos autonómicos, sean del color que sean, tendrán que gestionarla. Aunque puedan hacerlo con matices.

Una reforma educativa por ley orgánica puede paralizarse si todavía no se ha puesto en funcionamiento (la LOCE, 2002, es un ejemplo palmario) pero es casi imposible derogarla si está en pleno período de aplicación; entre otras razones, porque hay que sustituirla por otra. Eso sí, pueden ponerse palos en las ruedas, desde las comunidades autónomas e incluso desde el propio Ministerio de Educación, como sucedió con la LOGSE (1990) desde que un gobierno de distinto color político (Aznar 1996) se hizo cargo de la cartera de la calle de Alcalá (Esperanza Aguirre). Ahora es distinto.

La LOMLOE (2020) está bastante consolidada y sigue su camino. Como bien decía el secretario general de Escuelas Católicas en una entrevista (junio 2023) «derogar la ley de educación perjudicaría a alumnos y profesores» y «otra paralización generaría mucha inseguridad y hastío entre los docentes». Es una opinión ampliamente compartida por los diferentes sectores de la comunidad educativa, tanto en la pública como en la privada. Introducir cambios sustanciales cuando ha alcanzado velocidad de crucero o cercenar sus elementos pedagógicos más novedosos sería un grave error; la evaluación por competencias, por ejemplo, hace años que debiera estar asumida, como lo está en otros países de nuestro entorno.

Este curso se implanta en los cursos pares. No hay frenazo posible y las administraciones educativas autonómicas, donde residen las competencias para su desarrollo, tienen que tomar forzosamente al menos dos decisiones decisivas. Una, de personal: implantar una reforma educativa exige actuar cuanto antes en la dotación suficiente de personal (docente y no docente) a los centros para llevarla cabo y en la formación y actualización del profesorado que debe impartir el nuevo currículo. Dos, de organización: el encaje de los cambios curriculares conlleva necesariamente introducir nuevas metodologías didácticas y, consecuentemente, revisar la organización (horarios, grupos, atención a la diversidad, etc.) de los centros educativos. En definitiva, más recursos y más voluntad de trabajar conjuntamente (administración y comunidad educativa) para que la reforma no fracase (o quede descafeinada) como sucedió con otras anteriores.

De las comunidades autónomas depende también, principalmente, la implementación de la nueva Ley de FP (LO 3/2022), toda vez que fue aprobada (julio 2023) su ordenación (RD 659/2023) poco antes de las últimas elecciones generales. Mucho tienen que decir (y hacer) los gobiernos autonómicos y los agentes (empresas, instituciones, etc.) que participan directamente en la formación y orientación profesional. El próximo curso será clave para comprobar si realmente se ha «entendido» (asumido) lo que realmente significa el cambio de modelo hacia una FP que nos equipare a otros países europeos y enfoque nuestro sistema educativo y formativo hacia la actualización y cualificación de las personas a lo largo de la vida y, consecuentemente, hacia la modernización de su sistema productivo.

Comienza un curso de mucha gestión, de trabajo intenso para desarrollar el marco normativo, de carácter básico, aprobado en la anterior legislatura. Bueno sería que las fuerzas políticas, administraciones públicas y agentes sociales llegasen a acuerdos, aunque fuesen parciales, para sacar adelante los asuntos más sustanciales. Acuerdo (y mejor, consenso) para aprobar un Estatuto Docente, varias veces prometido y otras tantas aparcado, que regule una profesión (formación, acceso, carrera, etc.) necesitada de cambios profundos para afrontar con garantías los desafíos que presentan los actuales y futuros procesos de enseñanza y aprendizaje. Acuerdo también con las universidades para definir cuanto antes la nueva EVAU que abrirá la puerta a los estudios universitarios. Y acuerdo para muchos otros asuntos pendientes o aparcados por la última convocatoria electoral, entre otros la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores o el desarrollo de la Ley del Sistema Universitario (LO 2/2023) y el encaje en ese reciente marco de las diferentes normativas autonómicas y universitarias existentes. Así, que ¡manos a obra! Comienza un curso con mucha faena por delante.

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