La rebaja de impuestos en Aragón, en el ojo del huracán

Si algo va a definir la legislatura del Gobierno PP-Vox será su nueva política fiscal. No se trata de una cuestión menor, sino de un asunto clave para las empresas, las familias, la economía y las arcas autonómicas. El Ejecutivo aragonés está decidido a terminar con el «infierno fiscal», un término que acuñaron los populares y que durante años han convertido en el principal ariete con el que han golpeado al cuatripartito de Lambán. Ese infierno se traduce en que cada ciudadano paga 170 euros más que la media española en impuestos, lo que sitúa a Aragón como la cuarta comunidad que más recauda en ingresos tributarios, según el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023, elaborado por el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales. 

El acuerdo de Gobierno PP-Vox recoge una rebaja de medio punto en los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros), reducir el impuesto autonómico de Sucesiones y Donaciones (estableciendo una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges) y elevar el mínimo exento hasta los 700.000 euros en el impuesto de Patrimonio. Esta es la columna vertebral de una estrategia con la que el PP y Vox quieren reducir la presión fiscal a los ciudadanos, aliviar a las empresas para que, a su vez, contribuyan a impulsar la economía y estimular el empleo, además de atraer inversiones exteriores en un momento en el que Aragón se ha convertido en un imán para futuros proyectos relevantes. 

El Gobierno PP-Vox creará un impuesto 'verde' que compensará las rebajas fiscales

Sin embargo, una de las primeras medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Azcón es la de abrir una consulta pública para aplicar un tributo a las plantas eólicas y fotovoltaicas. Este gravamen, que fue diseñado por el anterior Gobierno de Lambán, aportará a Aragón alrededor de 30 millones al año en ingresos. La comunidad se ha convertido en los últimos años uno de los líderes nacionales en el sector de renovables, con una potencia de 5.076 megavatios en operación de eólica y 2.260 de fotovoltaica. De hecho, algunas de las grandes empresas han apostado con fuerza por el autoconsumo para reducir costes y poder competir en el escenario nacional e internacional. Por tanto, la DGA planea bajar impuestos pero la primera medida que adopta es mantener un gravamen diseñado para gravar a las renovables.

Una de las primeras medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Azcón es la de abrir una consulta pública para aplicar un tributo a las plantas eólicas y fotovoltaicas

Este es solo un ejemplo de la dificultad que va a entrañar diseñar una política fiscal equilibrada, acertada y que permita acompasarse a la evolución de la economía. Esta última variable condicionará, sin duda, los planes del Gobierno de Aragón si, tal y como aseguran los expertos y los análisis elaborados por distintos organismos, la actividad mantiene un proceso de paulatina desaceleración. A esta circunstancia, se añade que la subida del precio del dinero –el Banco Central Europeo (BCE) elevó los tipos de interés otro cuarto de punto hace poco más de una semana hasta dejarlos en el 4,5%– que ya ha provocado que los intereses de la deuda pública aragonesa se hayan duplicado y alcanzarán los 261 millones en 2026, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

Desde la perspectiva europea, Bruselas también ha advertido de que las reglas fiscales volverán a su senda tras las turbulencias provocadas por la pandemia del covid y la guerra de Ucrania, que obligaron a flexibilizar los criterios seguidos hasta entonces. Mientras, la interinidad del Gobierno central, que, sea el que sea, ha de fijar las directrices fiscales para las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tampoco ayuda a despejar un incierto horizonte.

Bruselas también ha advertido de que las reglas fiscales volverán a su senda tras las turbulencias provocadas por la pandemia del covid y la guerra de Ucrania

Por lo pronto, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tiró esta semana de prudencia durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, al señalar que los presupuestos serán «austeros, pero con los incrementos comprometidos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales». 

La cuestión es ¿cómo se compatibiliza la reducción de impuestos en Aragón con este escenario y con el estímulo de la inversión en la escuela concertada, en sanidad y servicios sociales, en el plan Pirineos (250 millones), en el apoyo decidido por el sector de la nieve o en el aumento de la financiación para los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, entre otros anuncios? Esperaremos a comprobarlo tras la elaboración de los presupuestos de Aragón para 2024.