Más de una década sin CAI

Enterrada en escombros, así pereció la CAI. Una entidad benéfico-social caracterizada por su obra social, directa a las personas más desfavorecidas, las que realmente lo necesitaban y, cómo no, por su trato con el cliente, símbolo de aquella excelencia empresarial de los años 80 y 90 del siglo pasado. El cliente era lo primero, y con esa cultura empresarial, se formaron varias generaciones de trabajadores. Cultura que, por cierto, nunca le hubiese preguntado a un cliente si disponía de hora para poder atenderle.

Traer a colación ahora a CAI es un anacronismo, pero sin duda, justificado. El pasado lunes 18, el Estado español, pagó religiosamente 3.643 millones de euros del rescate europeo de 2012 y todavía tiene pendientes 16.435 hasta 2027. Afortunadamente, los 407 millones que el grupo Caja3 utilizó de dicho rescate, fueron devueltos íntegramente por Ibercaja en el año 2016. Pero para tener una dimensión completa del problema que se originó, deben tenerse en cuenta los 4.318 millones de activos de Caja3 (la mayoría procedentes de CAI) que fueron valorados y traspasados a la Sareb por 2.212 millones. La deuda de la Sareb en el primer semestre de este año ascendía a 30.352,7 millones y tiene su horizonte de cancelación también en 2027. No resulta difícil adivinar quién tendrá que hacerse cargo de semejante agujero –vayan pensando en el erario, una vez más–.

Analizar, con cierto rigor técnico, qué ocurrió en CAI, desemboca ineludiblemente en dos grandes actores. Por un lado, sus directivos y administradores, en los que se primó más las actitudes que las aptitudes para desempeñar sus funciones. Un error estratégico que resultó letal para la entidad. Por otro, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, quien a sabiendas de lo que estaba ocurriendo en CAI, no tomó ninguna medida que resultase eficaz, de las que tenía a su alcance para reconducir la situación y evitar que terceros (los ciudadanos) tuviesen que hacerse cargo de la nefasta gestión, cuando no delictiva, de CAI.

En diciembre de 2007, como resultado de la inspección realizada por inspectores del Banco de España a CAI, el Director General de Supervisión, Javier Aríztegui, exigía una serie de requerimientos, de tal calado, como para haber puesto en marcha «esas medidas» disciplinarias y evitar que CAI quebrara. Seis meses más tarde, el Presidente de CAI, Rafael Alcázar, dimitió, por «incompatibilidades con la dirección».

Continuará...

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