Opinión
Votos, cuentas y cuentos
Las citas electorales en Cataluña y el País Vasco marcarán el reparto de los recursos del Estado a las comunidades. Aragón puede ser víctima del fuego cruzado en mitad de la contienda
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en la sala de prensa del Pignatelli. / DGA
La vida política española parece haberse instaurado en el día de la marmota, no solo por las lamentables refriegas y salidas de tono que nos brindan día sí y día también sus señorías, sino porque hace un año el país veía el final del túnel tras una precampaña eterna que anticipaba la celebración de unas elecciones autonómicas intensas y unas generales que alteraron el verano. ¿Les suena? Un año después, pese a los movimientos que ha sufrido el tablero político, todo parece volver a la casilla de salida. El horizonte dibuja, de nuevo, incertidumbre por la proximidad de nuevas citas electorales, en este caso con el País Vasco, Cataluña y la Unión Europea como protagonistas. Estos comicios tendrían una trascendencia relativa si no fuera porque marcarán la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez y, con toda seguridad, su estrategia para lo que queda de legislatura. Por tanto, partido nuevo, y lo que podría antojarse como un 2024 sosegado se adivina más que convulso.
Aragón aguarda con expectación y contiene la respiración a la espera de los resultados de unas elecciones que condicionarán a una comunidad que se encuentra en pleno fuego cruzado, guardando una equidistancia (solo geográfica) respecto a Madrid, Barcelona y Bilbao, donde se encuentran atrincherados los contendientes preparando la batalla. La comunidad –que no comparte signo político con ninguna de las administraciones autonómicas que celebran elecciones, ni con el Gobierno de Sánchez— estará pendiente de lo que dicten los votos, observará cómo se traducen en las cuentas públicas y estará prevenida para no caer en cuentos que le son demasiado familiares y que siempre acaban con el mismo final.
La última propuesta del Gobierno de la Generalitat es todo un aviso a navegantes después de que Pere Aragonés anunciase esta misma semana que quiere una financiación singular para Cataluña. Esto se traduce en un pacto fiscal semejante al cupo vasco, si bien este no tendría encaje ni en el Estatut catalán ni en la Constitución. Aunque se trata de una aspiración de máximos, nadie es capaz de predecir cuáles serán las concesiones del Ejecutivo central, que presenta notables signos de debilidad por su dependencia aritmética de los partidos vascos y catalanes en el Congreso. En estos tiempos que corren, resulta complicado incluir a algún nuevo comensal en un banquete en el que todos quieren la mayor parte del pastel. La guerra política arrasa con todo, incluso con la solidaridad entre los territorios de un mismo país.
En tiempos de elecciones, la guerra política arrasa con todo, incluso con la solidaridad entre los territorios de un mismo país
Por lo pronto, el anuncio de elecciones en Cataluña ha provocado una prórroga presupuestaria que no traerá consecuencias positivas para la comunidad, a pesar de que el Gobierno central ha asegurado que las entregas a cuenta se llevarán a cabo para no asfixiar más a las autonomías. Pero es una incógnita saber qué sucederá con la dotación económica de los proyectos de infraestructuras que dependen del Estado y que cuentan con partidas plurianuales. Y lo que es más importante, qué efectos tendrán los comicios en el reparto del pastel de la financiación autonómica. Su reforma es, hoy por hoy, descartable en el corto plazo.
Este pasado viernes, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, se curaba en salud y advertía del impacto tributario «exagerado» que tendría la puesta en marcha de un sistema de financiación especial para Cataluña y alertaba de que «se está jugando con fuego». Lo hacía el mismo día que comunicaba que el Ejecutivo de Azcón verá aumentar su déficit al 0,82% tras hacer frente al pago de 75 millones de euros de la carrera profesional del personal sanitario entre los años 2018 a 2023. «Este marrón nos lo hemos vuelto a encontrar y lo hemos imputado todo a 2023», por lo que el déficit pasa del 0,67 al 0,82%, subrayó.
Y todo ello en un contexto económico, en el que todavía no ha asomado con intensidad la desaceleración de la actividad (algo que puede impactar en los ingresos públicos), ni las estrecheces a las que hay que someterse por recomendación de la Unión Europea tras la manga ancha por la pandemia y la guerra en Ucrania, ni ha salido a la superficie el aumento del gasto por el incremento de los intereses, ni tantas otras cosas. Y lo más importante, nadie sabe qué pasará en Cataluña y el País Vasco.
