Hablando no se entienden los políticos

En el lenguaje más político o más diplomático (si es que todavía existe la corrección en la política española) diríamos que la negativa de un Gobierno autonómico a reunirse con el central (o viceversa cuando sea así) supone quebrar la lealtad institucional. Que para la gente de la calle, para un ciudadano normal que escucha y ve las cosas que dicen los políticos a través de las televisiones y las redes sociales, significa que sigue el mal rollo entre ellos y que lo que quiere una parte no le gusta a la otra y lo contrario. Ni más ni menos. Pasa ahora con la reunión que propuso el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Luis Torres, al Gobierno de Aragón para ver cómo se podían poner de acuerdo con la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón que ha llevado a cabo el Ejecutivo PP-Vox y que según sus líderes, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, entra dentro de los márgenes legales, mientras que para Pedro Sánchez y su Gobierno es anticonstitucional. Una discrepancia que, está muy claro, acabará en los tribunales. La judicialización de la política, tan de moda en el discurso público en los últimos tiempos, emerge con más fuerza que nunca entre ambas administraciones, decididas a llegar hasta el final en la defensa de sus posiciones. Justo lo que no le gusta a la gente y que los propios políticos han dicho en infinidad de ocasiones: hay que dialogar.

Pues no, resulta que hablando no se entienden los políticos. Hace varios meses, el Ejecutivo aragonés pedía al central que se reuniera la conferencia sectorial del Ministerio de Inclusión y Migraciones para hablar de este espinoso asunto. En los últimos meses, también desde el Pignatelli se ha pedido a la Moncloa que se reúna la conferencia de presidentes para tratar de ese mismo asunto, pero también de Cataluña, por ejemplo. Y nada, en Madrid que no responden. Entienden, pues, que hablando no se van a encontrar soluciones satisfactorias para las distintas partes, pero solo a veces. Porque hoy dice no el Gobierno de Aragón al de España, pero en otras ocasiones es justamente lo contrario.

La solución es complicada. Porque si todo acaba en los juzgados o en el Tribunal Constitucional, como es el caso de la memoria democrática, todo dependerá de lo que diga la denostada Justicia que, como se sabe, hace años que va cuesta abajo y sin frenos porque los políticos no se entienden. Claro que con ellos tampoco quisieron hablar muchas de las asociaciones memorialistas de Aragón, con lo que esto de decidir no sentarse con un político se está poniendo tristemente de moda. No vamos muy bien así. Las decisiones no pueden ser asuntos de un despacho e inmóviles. Aragón lleva muchos años en otra onda y asemejarse a la ola nacional de la sordera política no nos va a beneficiar a nadie. 

Suscríbete para seguir leyendo