Parece la historia de nunca acabar. Los presidentes autonómicos quieren tomar medidas para cortar los contagios y la Justicia les frena. Piden al Gobierno central que les eche una mano y la respuesta es la cogobernanza. Menudo sudoku. Aunque si uno se detiene a pensarlo, todos tienen algo de razón.

Por un lado, las comunidades buscan amparo legal para sus decisiones políticas. Visto lo visto resulta bastante fácil caer en la ilegalidad con el lío jurídico que existe ahora mismo entre colisión de artículos de leyes, órdenes y decretos. Por otro, los Tribunales Superiores de Justicia persiguen protegerse a sí mismos pero también al ciudadano de una posible vulneración de derechos y libertades fundamentales. La movilidad, el acceso a espacios públicos, la privacidad de información sensible como haberse o no vacunado ponen en entredicho la actuación de los órganos judiciales que, ante todo, deben ser garantes de la ley. De todas, las que gustan y las que no. En tercer lugar, el Estado. Ya sabe lo que es sufrir en sus carnes el varapalo de la justicia como cuando declaró ilegales los estados de alarma. Ahora, sin embargo, defiende que la delegación de funciones en las comunidades autónomas es pertinente. No hay que olvidar tampoco que así se lo reclamaron ellas hace meses.

Todas las posturas son incomprensiblemente entendibles. Es un oxímoron. Y un disparate. Tomemos como ejemplo el pasaporte covid. Galicia, Cataluña y Baleares lo han implantado con el aval judicial. El País Vasco no ha podido hacer lo mismo después de rechazarlo su tribunal superior de justicia territorial. Aragón lo había solicitado pero el TSJA eludió pronunciarse con una patada hacia delante pidiendo alegaciones a las partes. Finalmente Javier Lambán ha buscado la fórmula legal para instaurarlo en el ocio nocturno, celebraciones sociales en la hostelería y eventos multitudinarios.

No se ponen de acuerdo en la práctica pero en la teoría todos persiguen el mismo objetivo: atajar la transmisión del virus y acabar con esta pesadilla cuanto antes. Las cifras vuelven a ser aterradoras. Suben los muertos, los contagios, los ingresos hospitalarios y la incidencia acumulada. Miedo produce también que, después de todo lo vivido, el esfuerzo realizado para hallar la vacuna y la premura con la que se ha puesto a nuestro alcance, existan miles de personas que se resistan a inmunizarse. No tiene sentido y, mucho menos, que pretendan moverse con la misma libertad que los que sí se han vacunado. Se ponen en riesgo ellos mismos pero también al resto. Es su decisión, desde luego, pero con ella van aparejadas consecuencias. Tendrían que saberlo y aceptarlo.