Hay noticias que hay que leer dos veces para creerlas. Unas por increíbles, otras por sorprendentes. A mí me ha pasado al conocer la situación laboral de las empleadas del hogar en España. Y no por ignorancia absoluta, sino parcial de algunas de las condiciones en las que han estado trabajando hasta ahora. Casi 11.000 en Aragón, casi 400.000 en España, 9 de cada 10 mujeres y un tercio mayor de 55 años. Son el colectivo que va a beneficiarse de unos derechos que teníamos el resto de trabajadores del país. Podrán cobrar el paro y su despido tendrá que estar justificado. La modificación legislativa les supone también entrar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Igual no les parece mucho, pero a ellas les va a suponer que sus empleadores tengan que garantizarles unas condiciones mínimas de trabajo.
No obstante, las cifras no reflejan la realidad de este sector feminizado y precario. Todo lo anterior afectará a las mujeres ya contratadas y en situación regular, no a las miles que trabajan en la clandestinidad y sin papeles. Para favorecer su regularización, el Gobierno bonificará las cotizaciones de estas trabajadoras domésticas a sus empleadores. Un 80% de las aportaciones a la Seguridad Social y al Fogasa a partir de octubre correrá a cargo del Estado. Así no podrán refugiarse detrás de motivos económicos para no sacarlas a la luz.
Europa nos tiró de las orejas en febrero. Una sentencia del TJUE recriminaba a España una discriminación injustificada del tratamiento laboral de las empleadas domésticas al negarles la posibilidad de cotizar por desempleo para luego cobrar la prestación si perdían el trabajo. La letra pequeña nunca defrauda. A raíz del fallo europeo se precipitaron los acontecimientos. Llegaron otros en Cataluña, Galicia... hasta el día en que el Gobierno decidió convertir la injusticia en derechos y las carencias en prestaciones.
Pero, como casi siempre en materia judicial, alguien tiene que dar un paso adelante, sacudirse el miedo y afrontar su particular David contra Goliat. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue fruto de la lucha de una empleada del hogar que recurrió a este organismo para denunciar su situación y, en consecuencia, la de miles de compañeras de profesión. Por la información que he encontrado sobre ella, se llama Mariana y es de Galicia. A ella quiero rendirle homenaje porque arriesgó, probablemente más de lo que imaginemos, y defendió lo que creía que merecía. Gracias a todas esas personas valientes que abren una puerta, porque sin ellas no se habrían resuelto muchas de las injusticias que hoy ya son historia.
