Las protestas contra los desahucios ante los domicilios de diputados del PP han enfrentado a este partido y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una polémica que ha encendido hoy la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al vincular al colectivo con "grupos filoetarras".
El origen de la tensión está en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH.
Su objetivo, según explican en su página web, es "informar" a los diputados de las "consecuencias dramáticas" que podría tener su rechazo a la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Congreso en favor de la dación en pago.
El problema es que, aunque subrayan que se trata de una "campaña pacífica" y que respetan la libertad de voto de los parlamentarios, los que han sufrido el escrache -ocho diputados del PP, según han dicho a Efe fuentes del grupo parlamentario popular-, lo consideran acoso y coacción.
Cifuentes ha elevado la tensión en una entrevista en RNE al vincular a estos colectivos con "grupos filoetarras" que llevan a cabo una estrategia "bastante radical".
Después, en una rueda de prensa, ha pedido a la PAH que aclare por qué apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA y ha estimado que "la comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo".
"La señora Ada Colau (portavoz de PAH) y otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu y estos grupos, a mi modo de ver y de muchos españoles, tienen mucho que ver con ETA", ha sostenido.
En declaraciones a Efe, Colau ha señalado que estudiará denunciar a Cifuentes por la "gravísima y al mismo tiempo ridícula" acusación de que la PAH tiene vínculos con Bildu y Sortu.
"No tienen ninguna credibilidad porque todo el mundo nos conoce y sabe que somos un movimiento plural, pacífico y sólo trabajamos para parar los desahucios", ha apuntado Colau tras asegurar que los miembros de la plataforma sólo ejercen su derecho a la manifestación y lo hacen de forma pacífica. "Está todo grabado en vídeo", ha recalcado.
Pero la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, no está de acuerdo con ella y ha anunciado que también estudia emprender acciones legales contra la plataforma por presuntas "coacciones" y "amenazas" a tres de sus diputados en el Congreso: Concepción Veray, Ángeles Esteller y Antonio Gallego.
Si Sánchez-Camacho da ese paso, no estará sola, ya que la semana pasada varios diputados populares, entre ellos, Esteban González Pons, denunciaron en la comisaría del Congreso el "acoso" sufrido ante sus domicilios particulares.
A ellos se ha unido hoy la parlamentario del PP por Asturias Carmen Maniega, que ha acudido a la Comisaría de Policía de Avilés después de que la semana pasada fuera "perseguida" por las calles de Oviedo mientras le gritaban "asesina, criminal y sinvergüenza".
Según ha explicado a Efe, en otra ocasión fue acosada en la sede del PP de Avilés, a la que había acudido con uno de sus hijos, aunque la PAH de Asturias ha garantizado que no ha coaccionado, acosado, insultado o amenazado "en ningún momento" a la diputada.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado que este Cuerpo "tomará todas las medidas necesarias" para que ningún ciudadano ni representante político sufra agresiones durante protestas ante sus trabajos o domicilios, ya que esto "pervierte el sistema democrático".
En rueda de prensa junto a Cristina Cifuentes, Cosidó ha defendido el derecho a manifestación, "pero en ningún caso con actividades violentas o coacciones", en línea con el mensaje que el viernes pasado envió a los activistas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Desde el PSOE, el diputado Antonio Hurtado ha considerado que las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid vinculando a la plataforma con Bildu o Sortu son "una auténtica barbaridad" y una "falta de respeto sobre una presión social que está siendo efectiva".
IU ha estimado que esas declaraciones suponen un "salto cualitativo en la permanente estrategia del PP de criminalizar a los movimientos sociales" y ERC las ha tachado de "lamentables".
En este contexto, mañana acaba el plazo para presentar enmiendas a la iniciativa legislativa popular presentada por la PAH en el Congreso, que se tramita por vía de urgencia.
