En el 10% de los casos de okupación que ha atendido el servicio de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza se ha detectado la presencia de menores de edad en las viviendas. Una situación que complica los procesos de desalojo ya que, primero, los servicios sociales deben encontrar una alternativa habitacional para estas familias y realizar un seguimiento de su situación económica y social.
Según el Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Okupación Ilegal, en el término municipal de Zaragoza se registra cada día una denuncia relacionada con la okupación ilegal de viviendas. Un problema en ascenso que llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Zaragoza para crear una oficina de asesoramiento jurídico para los ciudadanos.
En el primer semestre del año ha realizado 122 consultas, la mayoría (92%) por okupaciones de viviendas, también de bloques enteros (6%), un nuevo tipo de usurpación que ha proliferado en los últimos años.
Desde los colectivos sociales advierten de la importancia de diferenciar la okupación social, por falta de pago o por encontrarse en una situación de exclusión social, con la que tiene un claro fin delictivo. Es decir, viviendas que se convierten en narcospisos, donde se trafica con drogas, y donde se generan problemas de convivencia.
Según fuentes policiales, actualmente hay localizados varios bloques de viviendas okupados en su totalidad, como el de la calle Eva Duarte 5, en el que habitan varias generaciones de una misma familia desde hace años, el de Compromiso de Caspe 83, Orense 18, Pignatelli 43 o el de la avenida Goya 85.
Uno de los más polémicos es el de la antigua cárcel de Torrero. Tanto PP como Cs se han comprometido en varias ocasiones a desalojarla este inmueble municipal, sobre todo cuando estaban en la oposición. Desde el equipo de Gobierno de PP-Cs explican que están a la espera de un informe jurídico que avale el desahucio y de definir qué proyecto llevan a cabo en estas instalaciones. Además, desde Urbanismo admiten que no serviría de nada ordenador el proceso de desalojo si el edificio se queda vacío de forma indefinida porque volvería producirse la misma situación.
El problema de la okupación, aunque se concentre en algunos barrios como la zona de El Gancho, afecta al conjunto de la ciudad. De las 122 consultas recibidas por la asesoría jurídica, el 24% de los inmuebles en cuestión se encuentra en el Casco Histórico, el 18% en Delicias, el 13% en el de Torrero-La Paz, el 10% en Las Fuentes y el 9% en San José. Los barrios rurales también están experimentando un aumento de casos.
Principalmente son los propietarios (77%) los que recurren a este servicio en busca de información. Según fuentes cercanas, normalmente se trata de hijos que han heredado viviendas que han acabo siendo usurpados o de particulares que han comprado un piso que ya estaba habitado de forma ilegal. Una situación que se produce sobre todo en zonas degradadas.
E«El toque de queda sería ahora una medida eficaz», hartos de los problemas de convivencia y la sensación de inseguridad.
Los letrados explican que lo primero que hay que hacer cuando se detecta una usurpación es denunciarla ante la Policía y solicitar medidas cautelares ante el juez para que ordene un desalojo antes del juicio ya que, en caso de tener que esperar a que se celebre, el proceso podría dilatarse durante meses.
