El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha constatado la "escasa aceptación" de la asesoría sobre la okupación ilegal de viviendas, impulsada por exigencia de Vox, y ha reclamado que se aborde este asunto mediante el aumento del parque social.
Royo ha señalado que, seis meses después de que se pusiera en marcha el convenio con el Colegio de Abogados para asesorar en materia de okupación ilegal de viviendas, que ha costado 25.000 euros, apenas se han producido 122 consultas, menos de una llamada al día. Además, de esas 122 consultas, solo 36 se han producido los últimos tres meses, en los que solo habría llegado alrededor de una llamada cada tres días.
El edil del PSOE ha resaltado también que ninguna de las 122 llamadas hacía referencia a una ocupación de vivienda habitual y que, excepto siete segundas residencias en los barrios rurales, todas afectaban a inmuebles vacíos.
En total, ello supone un 0,03% de las viviendas de la ciudad, lo que revela que el fenómeno de la ocupación ilegal es "residual" en lo que respecta a propietarios de vivienda y donde se da es en inmuebles vacíos de bancos, fondos de inversión o la Sareb.
"Demagogia de la ultraderecha"
A su juicio, el Gobierno PP-Cs se ha visto arrastrado por "la demagogia y el populismo de la extrema derecha", que ha hecho ver que a la gente le okupaban la vivienda "bajando a comprar el pan" y, mientras tanto, no se ha tomado ninguna medida para atajar los problemas que derivan de la verdadera okupación ilegal, que son de seguridad pública, convivencia y deterioro de algunas zonas de la ciudad.
Una de ellas es Zamoray-Pignatelli, en la que los grupos municipales llevan nueve meses esperando a que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, se siente a negociar el plan especial de mejora de esta zona.
Royo ha criticado que no se ha iniciado ningún proceso para concretar en qué se van a gastar los 2 millones de euros presupuestados para este plan, en un principio consignados a la rehabilitación del entorno de la iglesia de Santiago, a lo que el consejero tuvo que "recular" ante la oposición tanto de grupos municipales como de los propios vecinos.
Así, ha propuesto que destine buena parte de esos 2 millones a adquirir inmuebles okupados propiedad de fondos, bancos o la Sareb, ya sea vía compra o a través de procedimientos de expropiación, para su posterior rehabilitación e inclusión en el parque municipal de vivienda social.
El representante socialista ha defendido que se impulsen proyectos de renovación urbana y social en lugar de comprar el discurso "populista" e "infecto" de la extrema derecha o de convenios "propagandísticos" que solo han dado "para dos ruedas de prensa".
Del mismo modo, ha exigido la recuperación de la oficina de mediación en materia de desahucios e hipotecas.
