El Ayuntamiento de Zaragoza recurrió a la fórmula de la tramitación de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus hasta en 65 ocasiones durante 2020. Según el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, parte de estos contratos no se justificaron debidamente, no cumplían con la normativa o, directamente, «no tenían cobertura legal», como sucedió en cuatro ocasiones.
Esta es la conclusión del órgano fiscalizador que emitió un informe en octubre de 2021 y que ha sacado a la luz el PSOE. Para la portavoz municipal, Lola Ranera, se trata de un hecho «muy grave» por lo que ha solicitado «explicaciones» a los responsables de las áreas afectadas, Urbanismo, Cultura y Hacienda, y estudia ya posibles acciones a emprender.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión que hicieron los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza durante el primer año de la pandemia. En su informe, recuerda que solo la necesidad de hacer efectivas las medidas con carácter inmediato derivadas de la crisis sanitaria justificaba la tramitación de emergencia de los contratos públicos «sin obligación de tramitar expediente de contratación, ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto».
Sin embargo, el órgano fiscalizador ha detectado ciertas irregularidades en la gestión de los entes municipales, como ha sucedido en el de Zaragoza. En concreto, concluye que el equipo de Gobierno de Jorge Azcón formalizó 65 contratos utilizando esta fórmula, es decir, adjudicando a dedo su gestión, por un valor de 3,6 millones. Del total, siete correspondían a obras (por 1,1 millones), 23 a servicios (968.968 euros) y 35 a suministros (1,5 millones).
El Tribunal de Cuentas destaca cuatro por «no tener cobertura legal», es decir, por ser «ilegales», ha denunciado la socialista. Se refiere a tres contratos valorados en 723.979 euros destinados a obras de reparación y adecuación de los colegios públicos y otros 45.000 a la ofrenda de flores virtual.
En el informe señala que estas actuaciones «no guardan relación alguna» con la situación causada por el covid ni con «acontecimientos catastróficos». Añade además que la justificación municipal de que su ejecución se retrasó por la suspensión en la tramitación no es válida porque «no guarda relación con los supuestos excepcionales» que se aprobaron.
Respecto a la ofrenda virtual de las fiestas del Pilar, en el documento se señala que esta acción tampoco «tenía por finalidad la adopción de una medida encaminada a hacer frente a la crisis».
El coste de las mascarillas en el confinamiento
El Ayuntamiento de Zaragoza fue uno de los entes locales de más de 300.000 habitantes que mejores precios encontró a la hora de adquirir material sanitario. Según el informe del Tribunal de Cuentas, el precio medio por las mascarillas FFP2/KN95 fue de 1,60 euros en los primeros meses de la pandemia, el más barato de todos. En cambio, el Ayuntamiento de Sevilla pagó el precio más elevado por mascarilla quirúrgica, 1,15 euros las unidad en un contrato para la adquisición de 50.000 mascarillas del 15 de abril del 2020.
Para las mascarillas quirúgicas abonó 0,40 céntimos en los peores meses de la pandemia, cuando el coste medio fue de 0,50. Bilbao, por ejemplo, llegó a pagarlas a principio de 2020 a 0,98 céntimos.
En relación al resto de contratos, entre los que se encuentran la compra de material sanitario como hidrogel, test o guantes, el Tribunal de Cuentas señala que «no consta el documento» que acredite que el contratista ha cumplido con el acuerdo. Además, denuncia que no se designó a un responsable que se encargase de supervisar su ejecución. Sucedió por ejemplo con la compra de 40 kits de pruebas rápidas.
El ayuntamiento tampoco publicó en el perfil del contratante ni la contratación, ni la adjudicación ni la formalización, algo que debe hacer para cumplir con el criterio de transparencia.
En resumen, según el órgano fiscalizador, la tramitación que se hizo en el 28% de los contratos de emergencia realizados durante 2020 «fue indebida, inadecuada o insuficiente»; también en el 28% de los casos el pago del precio se realizó más allá del plazo de 30 días que marca la ley y en una ocasión se autorizó el abono a cuenta sin dejar constancia en el expediente la justificación de la no exigencia de garantía.
Por último, destaca que los 65 contratos en cuestión se cerraron de forma oral, en lugar de por escrito, como se debe, y que cuestiona que en ninguno de los casos se acreditó «ni la capacidad ni la solvencia de la empresa adjudicataria».
Respuesta del Gobierno
La responsable de Hacienda, María Navarro, ha acusado al PSOE de «irresponsable» y de «poner palos en la rueda» por «criticar pequeñeces» de los procedimientos y le ha recordado que otros ayuntamientos como el de Sevilla (del PSOE) ejecutaron contratos de emergencia por 16 millones. En Málaga se adjudicaron contratos por 4,2 millones, por 7,1 en Bilbao, 111 en Madrid o 67 en Barcelona.
