La empresa que se encarga de la gestión del servicio Bizi Zaragoza, Clear Channel, ha solicitado al ayuntamiento una prórroga del contrato de dos años para compensar las pérdidas económicas registradas durante el confinamiento y el estado de alarma. Una petición que ha sido rechazada en la casa consistorial, que solo está dispuesta a ampliarlo durante 171 días, de manera que finalizará el septiembre de 2023.
No es la única discrepancia que existe entre la concesionaria y el ayuntamiento. La empresa sigue a la espera de que el Gobierno de PP-Cs se pronuncie sobre el reequilibrio económico que reclama por el cambio de las normas de la circulación en 2018, que supuso una pérdida importante de usuarios, y la llegada de las nuevas operadoras de bicicletas (y patinetes), que le han robado un buen puñado de viajeros. En total exige 672.532 euros que, avisan, podrían reclamar por la vía judicial.
Según fuentes de Clear Channel, ya le han hecho llegar al área de Servicios Públicos dos requerimientos al respecto que han tenido como respuesta el silencio administrativo, por lo que entienden que no están conformes.
Inciden en que el escenario ha cambiado radicalmente desde la licitación del servicio (en 2007), a la que se presentó y que le exigió una importante inversión en previsión de un volumen de usuarios que se ha visto alterado por la llegada de las empresa privadas de patinetes y bicis compartidas. Una competencia con la que no se contaba.
A esta situación se suman las consecuencia del confinamiento. Según explican, el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarías para hacer frente al impacto económico y social de la crisis ocasionados por la pandemia les da derecho a solicitar hasta el 15% del plazo de la concesión que, en su caso, es de 15 años, por lo que legalmente podrían solicitar una prórroga de 2,2 años de máximo.
Fuentes de la compañía aseguran que quieren negociar con el ayuntamiento y que, en el caso de que se ampliase el periodo de concesión, se podría alcanzar un acuerdo y reducir el importe que reclaman. Hasta la fecha no han obtenido respuesta y, aunque recalcan que ante todo descartan recurrir a la vía judicial y mantienen abierta la vía del diálogo, recuerdan que la ley les ampara.
El contrato indica que la concesión terminaría 8 de abril de 2023 y, con la prórroga aprobada por el Gobierno de PP-Cs de 171 días, se amplía hasta el 26 de septiembre.
No sería la primera vez que solucionan sus diferencias en los juzgados. El consistorio tuvo que indemnizar a Clear Channel con 274.071 euros en concepto de daños y prejuicios por la anulación por parte del Tribunal de Contratos de la ampliación del servicio impulsada por ZeC a petición de Cs. Jorge Azcón, entonces en la oposición, impugnó la decisión que se elevó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que confirmó la ilegalidad de la extensión del servicio. Paradojas, a finales del año pasado, ya como alcalde, acabó aprobando el pago de la compensación. La cuantía cubría, principalmente, la adquisición de bicicletas y estaciones.
Las famosas bici rojas empezaron a verse en 2008, coincidiendo con la Expo del Agua. Durante los primeros años la lista de espera no hacía más que crecer. Eran toda una novedad.
Tres son los hitos que han acabado por poner en la cuerda floja el futuro del servicio, más allá del coste que supone su mantenimiento. La caída de usuarios comenzó ya en 2018, cuando se expulsó a las dos ruedas de las aceras. También la llegada de nuevas operadoras privadas repercutió de forma negativa en sus cuentas, con una importante pérdida de usuarios. Y, por último, el confinamiento y el estado de alarma acabaron por dejar al servicio K.O.
El pasado mes de marzo el servicio tenía 13.824 abonados. El año 2021 se cerró con 14.223, un año en el que se dieron de baja del servicio público 2.002 personas. Salvando el año de la pandemia, en 2019 había 18.688 usuarios.
El PSOE insta a PP y Cs a mantener el servicio y ampliarlo a todos los barrios
El futuro del servicio del Bizi Zaragoza llegará al pleno del ayuntamiento. El PSOE busca apoyos para que instar al equipo de Gobierno de PP-Cs «a apostar por una red pública de bicicletas y agilizar los nuevos pliegos de la licitación para extender este servicio público a todos los barrios de la ciudad». Según la portavoz socialista, Lola Ranera, la pérdida constante de usuarios demuestra que «no apuesta ni tiene interés por el servicio público y potencia el modelo privado, un modelo privado que puede llegar a costar diez veces más a los usuarios. Están dejando morir Bizi Zaragoza mientras otras ciudades, como Madrid y Barcelona, han apoyado lo público». Considera que es necesario que se realice un estudio sobre las necesidades de la ciudad y se impulse la licitación de unos nuevos pliegos.
