Quedan solo ocho meses para las elecciones pero, a tenor de lo visto este viernes, se les van a hacer muy largos a los aragoneses y a los zaragozanos. Y, más concretamente, a quien está al frente de la DGA, Javier Lambán, y del Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, en su ya habitual doble condición de alcalde de la ciudad y líder del PP aragonés (y posible contricante del socialista en la próxima contienda electoral autonómica).
La casualidad quiso que en el escaso margen de una hora el Gobierno municipal amenazara a la DGA con pedir la ejecución de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que obliga a Lambán a pagar 24,5 millones de euros a la ciudad, ahora que es firme y empieza a contabilizar los intereses de demora, y que este remitiese una carta al primer edil recordándole todos sus «incumplimientos» respecto a los acuerdos de la última bilateral y el «grave perjuicio» que ocasiona esta situación que llega a calificar de «insostenible».
No ha empezado la campaña electoral, ni siquiera Azcón ha desvelado si será candidato a la presidencia de Aragón o a la alcaldía de Zaragoza, pero el clima que se respira entre ellos y en lo institucional está lejos de su mejor momento.
Si bien Lambán también alude al pago de la deuda por el tranvía. «Como bien conoces, los innumerables y graves acontecimientos acaecidos en Aragón en forma de inundaciones, heladas e incendios que han golpeado a nuestro medio rural y que han tensionado de manera dramática el fondo de contingencia, han limitado nuestras posibilidades de cumplir con la sentencia en el corto plazo», reconoce el presidente aragonés.
«Pese a ello, te manifiesto la voluntad política del Gobierno de Aragón de hacer frente a sus responsabilidades en este ejercicio presupuestario», añadió Lambán, comprometiéndose de nuevo a pagar antes de finalizar el año. Parecía una respuesta sobre lo que solo minutos antes alertaba públicamente la portavoz del equipo de gobierno municipal, María Navarro, que convocaba a los medios con urgencia para comunicar que la sentencia condenatoria del Supremo contra la DGA ya era firme (se oficializó ayer).
Lo más curioso es que este revés judicial responde a un impago que se remonta a la época en la que la presidenta de Aragón era Luisa Fernanda Rudi, del PP, la primera que dejó de pagar por el tranvía, de atender los compromisos de la comunidad autónoma con la capital. Y entonces era el PSOE el que le reclamaba el dinero desde la plaza del Pilar. Ahora tienen los papeles cambiados.
La concejala de Hacienda acabó explicando que nunca se les ha llamado a una reunión para analizar cómo se abona esa deuda y que ahora cada día que pase las arcas aragonesas le deberán a la ciudad 2.018 euros más, por unos intereses de demora que ya eran de 1,4 millones al conocerse el veredicto.
«Estoy segura de que por el bien de las arcas autonómicas nos tenemos que reunir cuanto antes, porque es de justicia que este ayuntamiento reclame lo que se le debe», explicó la portavoz del Gobierno PP-Cs en Zaragoza. «Espero y deseo que nos sentemos cuanto antes para que el Gobierno de Aragón nos diga cómo se va a pagar lo que debe a Zaragoza», insistió.
«Es de justicia que la ciudad reclame lo que se le debe. Nos hace mucha falta ese dinero»
«Estamos en una situación muy complicada con el incremento del coste de la energía, las plusvalías o la posible subida del salario a los funcionarios. Nos hace mucha falta ese dinero», concluyó Navarro, no sin antes recordar que las arcas municipales no recaudan lo mismo que otras a través de los ingresos ordinarios.
Antes, la concejala hizo hincapié en que Azcón solicitó una reunión al presidente aragonés al día siguiente de hacerse pública la sentencia «pero nunca nos dijeron nada». Y que ahora que es firme le enviaría, este mismo viernes, «una carta sincera al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, en aras de que no se sigan generando intereses y se pague cuanto antes la deuda». «Queremos evitar una ejecución forzosa de la sentencia», advirtió la edila, apelando a la altura política de la DGA con el ayuntamiento. Tiene tres meses para forzar el pago, pero querría «evitar llegar a este punto».
«La situación es ya insostenible y urge una solución urgente por parte del ayuntamiento»
Con tanta advertencia, cobraba interés la misiva de Lambán a Azcón, en la que recuerda que falta que «se regularice» la situación de los juzgados del Pilar y la Casa de la Mujer, en los que hay inmuebles que están usando unos y son propiedad del otro, lo que implicaría compensaciones, o los «incumplimientos» del consistorio en materia urbanística surgidos del consejo bilateral y que han originado «un grave perjuicio para los intereses de Aragón».
«La situación es ya insostenible y urge una solución urgente por parte del ayuntamiento que presides para evitar que nos veamos abocados a adoptar las mismas medidas u procedimientos que a lo largo de esta legislatura has decidido utilizar con el Gobierno de Aragón». Es decir, los tribunales. Compromisos que datan de abril de 2019 y marzo de 2020 y que se ratificaron en noviembre de 2021, la última vez que se citaron en una bilateral, cuando se llevaban bien.
