Nada hace indicar que el conflicto del autobús urbano de Zaragoza vaya a resolverse a corto plazo. Las relaciones entre la empresa, Avanza, y el comité están rotas, totalmente viciadas, y la propuesta económica de una parte y otra, a años luz. En concreto, si se aceptase la oferta del SAMA, que avala la compañía, el servicio del bus costaría a partir de 2024 hasta 9,2 millones más al año, mientras que si se firmase la de los conductores, ascendería a 15,1 millones más, disparando el coste en personal hasta los 68,7 millones. Una diferencia de 5,8 millones que al final se cargarían a las arcas municipales en la factura que abona el ayuntamiento a la contrata por el servicio.
Este sería el peaje que tendría que pagar la ciudad por este conflicto, un gasto «inasumible» para el Gobierno de PP-Cs, que recuerda que el transporte público acumula un déficit de 76 millones y que el consistorio ya subvenciona el 70% del precio real del billete, congelado desde hace tres años. Por si fuera poco, el año que viene culmina el actual contrato y debe licitar el próximo, por lo que le conviene minimizar al máximo la rémora para el siguiente adjudicatario.
Lo que se está negociando desde hace más de año y medio es el convenio colectivo --2020-2024--, y mientras el SAMA propone que el incremento se reparta en cinco años, las secciones sindicales lo concentran en tres, principalmente en el presente ejercicio. Solo este año, la mejora de las condiciones laborales de la plantilla generarían un coste extra de 6,4 millones, y otros 4,4 más en 2023.
El impacto global
Según el alcalde de Zaragoza, el incremento salarial que reclaman desde el comité de empresa en cuatro años --incluidos los complementos-- sería del «26%». Jorge Azcón dejó muy claro que es «insoportable», para la empresa directamente «inasumible». Son diez puntos más que los que garantizaba el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con la propuesta que presentó en septiembre y que Avanza aceptó. Una alternativa que suponía que las nóminas pasasen de 35.500 euros brutos de media al año a los 41.000.
Es importante destacar que cuando el primer edil habla de un incremento salarial del 26% incluye la repercusión económica que tendría la subida fija de las nóminas de los trabajadores pero también el impacto que generaría que los empleados recuperasen su antigüedad (congelada desde hace años), la reducción de su jornada laboral o los pluses de las vacaciones. Si estos extra no se contabilizasen, el aumento sería de un 12%, que se elevaría al 17,89% en cuatro años con la revisión del IPC.
Desde el comité de empresa aseguran que «miente» y le acusan de jugar con los números de manera «vergonzosa» por incluir en sus cálculos los complementos, «desvirtuando» sus reivindicaciones. Insisten en que han solicitado una subida del 12% entre los años 2021 y 2023 (del 0% en 2020; el 2,70% en 2021; el 5% en 2022 y el 4,30% en 2023). Pero este incremento, además de que se aplica siempre sobre el acumulado del año anterior, va acompañado de una cláusula de revisión salarial en la que la empresa tendría que garantizar el 90% de los IPC reales con efecto retroactivo.
Cómo afecta el IPC
Es decir, que la subida sería mayor teniendo en cuenta los valores actuales del IPC y las estimaciones futuras. Atendiendo a las de Funca, en 2022 será del 8,6%, por lo que este año la subida salarial fija que piden los trabajadores (del 5%) acabaría siendo del 7,7%; y con los pluses del 11,20%. Esto se traduce en un gasto extra de 6,4 millones, casi un millón y medio más que si se aplicase la propuesta del SAMA (+5,57%).
Otro ejemplo. El comité pide un aumento fijo del 2,7% para 2021, que con la cláusula de revisión (y complementos) sería del 6,42%, es decir, 3,4 millones de euros. En el SAMA se contemplaba una subida del 1,57%.
Tanto el alcalde como la dirección de Avanza aseguran que es inasumible aceptar una propuesta que dispararía el gasto del servicio en 15,1 millones, algo que es «inviable», coinciden ambas partes.
