El Gobierno de Aragón amenazó al Ayuntamiento de Zaragoza con reclamarle por la vía judicial el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la bilateral. La modificación del planeamiento de los suelos de Torre Ramona, donde Javier Lambán quiere construir vivienda, era uno de los asuntos pendientes y motivo de desencuentros. Este mismo jueves, el presidente aragonés le recordaba a Jorge Azcón que siguen a la espera de que el consistorio cumpla su palabra. El mismo día en el que el PSOE ha recibido el orden del día de la próxima gerencia y comisión de Urbanismo, en el que aparece el expediente sobre la reordenación del entorno de esta zona de Las Fuentes.
Diez meses han necesitado en el área de Urbanismo para tramitar la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que acordaron Lambán y Azcón el pasado mes de noviembre en el seno de la bilateral. Un cambio en la reordenación de los suelos necesaria para poder construir 165 pisos: 135 a precio libre impulsadas por la DGA y otras 30 de protección y a cargo del ayuntamiento.
La recalificación de los suelos en los que se ubicó el antiguo reformatorio del Buen Pastor se aprobó inicialmente en diciembre de 2021. La reordenación afectada 22.695 metros cuadrados. Para poder ejecutar este plan primero había que catalogar la capilla y las bodegas del antiguo inmueble además del huerto.
Las alegaciones al proyecto
Durante todo este proceso el rifirrafe entre ambas instituciones ha sido constante, y en el proceso de alegaciones ya tuvieron que salvar sus diferencias. La DGA manifestó sus discrepancias entre las superficies catastrales y las derivadas de mediciones recientes; alegó que no estaba obligado a abonar cantidad alguna en concepto de gastos de urbanización por las superficies aportadas ni adjudicadas; y solicitó que suprimiese la limitación de densidad residencial en las parcelas que se le adjudiquen «en previsión de que al Gobierno de Aragón le pueda interesar promover más vivienda protegida en este ámbito».
También pidió la supresión de la servidumbre de acceso al estacionamiento público, además de poner en cuestión la catalogación de la capilla.
Salvadas todas estas alegaciones, Urbanismo ya tiene el expediente finalizado y lo elevará a la Gerencia de Urbanismo del próximo lunes. Será el segundo acuerdo que desatasca el Gobierno de PP-Cs en un mes.
En la última gerencia se aprobó la licencia para el proyecto de ejecución del residencial Pirineos, otro asunto que ha sido motivo de enfrentamiento entre ambas instituciones. En este caso, la DGA quiere construir un edificio que incluirá 336 alojamientos para jóvenes por un alquiler de unos 335 euros al mes –precio que se revisará al culminar las obras, y en función del alza de los costes en los materiales–.
De los tres acuerdos que Lambán lleva semanas reclamando, solo quedaría por resolver la permuta de los suelos de Embarcadero. Precisamente, ayer el presidente aragonés condicionó la celebración de una nueva bilateral al cumplimiento de lo pactado.
