El Periódico de Aragón

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El nuevo campo de fútbol

El Ayuntamiento de Zaragoza confía en obtener 15 millones del suelo sobrante de La Romareda

Serrano intenta sumar al PSOE al consenso y se compromete, por carta, a incluir a la formación en el proceso de licitación | El concejal insiste en que es "imposible" tasar la parcela que se sumará al campo y definir la fórmula de explotación

Imagen panorámica de La Romareda en un partido entre el Zaragoza y el Huesca. E. P.

El Ayuntamiento de Zaragoza calcula que podría obtener hasta 15 millones de euros de la parcela sobrante de 22.000 metros cuadrados de la operación Romareda, con la que Jorge Azcón pretende impulsar el nuevo campo de fútbol sin que le cueste dinero a las arcas municipales. 

Un solar que forma parte de la modificación del Plan de General Ordenación Urbana (PGOU) que quiere impulsar el Gobierno de PP-Cs y que, a día de hoy, solo cuenta con el voto a favor de Vox. Esta por ver qué hará finalmente Podemos, con quien está negociando el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y que en la comisión se abstuvo, igual que Zec. 

Desde el equipo de Gobierno insisten en sumar al PSOE a este «proyecto de ciudad» y el concejal de Urbanismo trató ayer de rebajar el tono con una carta dirigida a la portavoz socialista, Lola Ranera, en la que reiteraba que no podían dar respuesta a sus peticiones hasta que se inicie la licitación. 

El PSOE anunció que no apoyaría la modificación del planeamiento mientras no se concrete el valor de los suelos que se incorporarán al estadio y los que se enajenarán y hasta que no se informe de la fórmula de explotación del campo.

Enajenación de los suelos

Serrano solo ha respondido a una pregunta. Según ha explicado, se ha cuantificado en 15 millones el valor de los 22.000 metros cuadrados que no se incorporarán al nuevo estadio en la modificación del planeamiento y que serán enajenados. Una estimación que se ha realizado tomando como referencia las últimas recalificaciones que se han realizado en la ciudad, como la del hospital de Quirón.

El Gobierno de PP-Cs plantea reordenar la pastilla de 42.500 metros cuadrados edificables de uso lucrativo (es decir, destinados a comercio, oficinas y un hotel) que se habilitó en 2005 con el socialista Juan Alberto Belloch. Con la modificación, la parcela se dividirá en dos, de manera que 20.500 metros cuadrados de los aprovechamientos se sumarán al campo para garantizar su viabilidad económica y para que se pueda ampliar su capacidad hasta los 45.000 espectadores. Los otros 22.000 metros cuadrados sobrantes se enajenarán para financiar la reforma de las riberas del Huerva y la construcción de la Ciudad del Deporte propuesta por Podemos.

Según Serrano, se trata solo de una estimación ya que el valor de estos suelos de uso terciario no se sabrá con exactitud hasta su enajenación ya que “se desconoce la localización del suelo o suelos en los que se materializará dicho aprovechamiento urbanístico para poder llevar a cabo la tasación”.  “Es sumamente complejo establecer una suma concreta cuando no tienen un destino concreto y unas condiciones determinadas”, ha insistido.

El titular de Urbanismo ha recalcado que el campo de fútbol seguirá siendo municipal y que en ningún caso se privatizará, como insinuaron desde el PSOE. “La fórmula jurídica permitirá que el estadio revierta su uso a la ciudad una vez que se amortice”, es decir, una vez que el Real Zaragoza recupere el capital que adelantará para construir la nueva Romareda.

En busca del consenso

“Estamos intentando sumar al PSOE al consenso”, ha explicado Serrano, que ha insistido en que un proyecto de ciudad como el nuevo estadio que permitirá que Zaragoza sea una de las sedes del Mundial 2030 debe contar con el apoyo de los socialistas.

Desde el PSOE dejaron claro desde el primer momento que no apoyarían una modificación del planeamiento sin negociarla. El próximo martes se volverá a votar en el pleno sin que haya habido contactos entre PP-Cs y el PSOE, solo una carta de Víctor Serrano a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en la que le informa que, a día de hoy, es imposible conocer el valor de los suelos y cuál será la fórmula de explotación.

En su escrito explica que para conocer la valoración económica de la parcela “habría que incorporar, al valor del suelo, el de los aprovechamientos urbanísticos terciarios que le atribuye la modificación en trámite, así como el incremento o demérito de valor que supone el estadio municipal actual, todo ello en función del proyecto constructivo que se redacte en el futuro”. Solo se sabrá, ha dicho, cuando se realice el informe de viabilidad económico-financiera y la tasación.

Será entonces cuando se determinará la fórmula jurídica de explotación del campo, ha reiterado Serrano, que ha insistido en que estas dos cuestiones seguirán sin respuesta hasta que se inicie el proceso de licitación, posterior a la modificación del PGOU.

Poco ha tardado Lola Ranera en responder al concejal. Utilizando el mismo formato, la socialista señala que "lamentablemente, tal y como tú mismo reconoces en la carta, no se nos aclara ninguna de las cuestiones que el PSOE había requerido como condición indispensable para poder apoyar el expediente" y le insta, una vez más, a sentarse a negociar "con el objeto de garantizar la máxima transparencia y legalidad del proyecto" y como exigieron desde el principio.

La Ciudad del Deporte

En el aire está también el destino de los 15 millones que podría obtener el ayuntamiento con la enajenación de los 22.000 metros cuadrados, "y si se produce", ha apuntado el concejal. “Es difícil determinarlo”, ha asegurado, porque a día de hoy se desconoce dónde se construirá la Ciudad del Deporte, aunque Podemos, ideólogo de esta iniciativa, propuso el Parking Norte.

“No costará lo mismo si se hace en suelos del Gobierno de Aragón o en un terreno que requiere de un acondicionamiento previo”, ha explicado Serrano, que ha vuelto a tenderle la mano a Javier Lambán para que se implique en la nueva Romareda.

“Mi objetivo es conseguir el mayor consenso posible, pero el PSOE tiene que cambiar su postura”, ha subrayado el concejal, que garantiza la participación del ayuntamiento durante la construcción y explotación del campo. 

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