El juez ve "injustificable" que el colectivo Luis Buñuel siga utilizando el centro

Nuevo varapalo judicial para la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza. La Justicia ha rechazado las medidas cautelares que solicitó este colectivo, que impugnó el acuerdo de marzo por el que el alcalde y su equipo «resolvía y dejaba sin efecto alguno» el convenio de cesión firmado en 2018 y daba seis meses de tiempo para que abandonaran las instalaciones. Un plazo que finalizó en septiembre.

A la espera de la sentencia, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza considera que no hay motivos que justifiquen las cautelares solicitadas por la entidad para «dejar en suspensión la ejecución de los efectos del acuerdo impugnado» ya que, alega, podrían desarrollar sus actividades en otro local.

Desde el Gobierno de PP-Cs no tienen pensado actuar por el momento, a la espera de que finalice el proceso judicial, pero ya tienen listo el proyecto para convertir el antiguo instituto Luis Buñuel en un centro de mayores. Un hecho que no es baladí para el juez que considera que justifica los intereses municipales a la hora de querer recuperar las instalaciones.

Según el magistrado, «no tendría ninguna lógica» que se permitiera al colectivo continuar utilizando las instalaciones «durante varios años sin una mínima cobertura preventiva de los gastos» que ocasiona mantener abierto el antiguo instituto. No lo tiene, puntualiza, porque ya hay dos sentencias desfavorables (en primera instancia y apelación) que estimaron «la ilegalidad de la cesión y uso» del centro en 2018, un acuerdo que adoptó el anterior Gobierno de ZeC de Pedro Santisteve, impulso del movimiento.

En el auto, en el que subraya que ninguna de las dos sentencias son firmes por la existencia de un recurso de casación, recuerda que ya se anulaba la cesión y la autorización de uso. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya dejaba sin efecto la autorización de uso a la asociación.

Para el magistrado, no estaría «justificado» que el colectivo siga utilizan las instalaciones municipales una vez que se ha estimado la «ilegalidad» de la cesión, y estima que «la asociación podría llegar a disponer del inmueble durante unos siete y ocho años de forma injustificada».

Procesos ilegales

El juez destaca también la existencia de expedientes administrativos y procedimientos judiciales presentados por el ayuntamiento en los que se «constata» que se han producido irregularidades e incumplimientos.

En concreto, detalla que se ha impedido a los técnicos municipales llevar a cabo las inspecciones y supervisiones de la edificación solicitadas. También menciona que el colectivo, además de no presentar la memoria anual exigida sobre las actividades realizadas, no ha contratado un seguro de responsabilidad civil, mientras que ha celebrado «mercadillos ilegales instalados de forma ocasional en el patio» y ha permitido que 20 personas duerman en el edificio en la madrugada del 31 de octubre de 2022, algo que no está ni permitido ni es seguro dadas las condiciones en las que se encuentra el edificio.

Llegados a este punto, estima oportuno («natural») que se dé un plazo para el desalojo del edificio «después de muchos años de cesión irregular sin contraprestación alguna». Según el auto, para aceptar la medida cautelar habría que asegurar los posibles perjuicios que se ocasionarían al ayuntamiento y cuantifica en 194.304 los euros que debería abonar el colectivo por utilizar y mantener las instalaciones municipales.

Por todo ello, el magistrado deniega las cautelares solicitadas por la Asociación Centro Social Luis Buñuel, que tiene quince días para recurrir. No obstante, esta es la tercera resolución judicial que impugna el acuerdo de 2018 por el que fue cedido el antiguo instituto.

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