La Justicia rechaza aplicar medidas cautelares a las ayudas a la concertada del Ayuntamiento Zaragoza

Las polémicas ayudas a la concertada de Jorge Azcón han salvado otro escollo. La magistrada de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por varias asociaciones, sindicatos y grupos políticos, como PSOE, ZeC y Podemos, contra el acuerdo adoptado el 20 mayo de 2021 en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza con el que se aprobaban estas subvenciones. Según la jueza, no queda demostrado cuáles son los daños que causan.

Es la segunda vez que la Justicia falla a favor del consistorio. En un primer recurso, las organizaciones pidieron que se suspendiera la ejecución de las bases reguladoras al considerar que trata de «una clara discriminación hacia más del 67% del alumnado vulnerable de esta ciudad, escolarizados en las etapas de Infantil y Primaria de la Escuela Pública». A su juicio, una administración tendría que dirigir sus ayudas tanto a los alumnos de la escuela pública como concertada.

En el auto, la jueza señala que el equipo de Gobierno, en este caso de PP-Cs, tiene «potestad discrecional a la hora de asignar y disponer los recursos de que dispone, destinándolos a unos u otros sectores en función de cómo interprete los intereses generales» y, por lo tanto, «es libre de elegir las que considera mejores opciones para la consecución de los fines públicos».

El ayuntamiento, en su defensa, alegó que se habían detectado «situaciones de exclusión social» en familias que recurren a la educación concertada y que no pueden afrontar las actividades extraescolares. Una situación que, para la magistrada, queda «constatada» con la demanda registrada. En la convocatoria de 2022, se recibieron 2.274 solicitudes, frente a las 1.500 de la primera edición, para las que se reservaron 500.000 euros.

Daños y perjuicios

Según la magistrada, «no concurren los requisitos para la concesión de la medida cautelar» solicitada en el recurso porque «no queda acreditada la existencia de daños y perjuicios de carácter irreparable». Al contrario, señala, porque de adoptarse sí «supondría una perturbación grave de los intereses de terceros bien porque sería necesario una ampliación de crédito que establece la convocatoria o bien porque había que excluir a familias que estaban disfrutando de estas ayudas».

El PSOE también recurrió las bases de estas ayudas que se aprobaron con el voto de calidad de la presidenta, la conservadora Paloma Espinosa, después de que Vox se abstuviera y PSOE, Podemos y ZeC votaran en contra. Desde el equipo de PP-Cs defienden que existen los Proyectos de Intervención Territorial Espacios Escolares (PIEES) dirigidos a centros públicos.

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