El PP desvía la polémica del Tiro de Pichón atacando a Sánchez

Cruce de acusaciones y poco más. La comisión extraordinaria sobre las cantidades a devolver por la sociedad deportiva del Tiro de Pichón al Ayuntamiento de Zaragoza, que según la oposición no han sido reclamadas, se ha saldado con un nuevo mensaje desde el Partido Popular que apuntaba más a Pedro Sánchez que a la política municipal.

Un nuevo episodio que no hace sino tensar más las ya de por si deterioradas relaciones entre PSOE y PP en el consistorio zaragozano. En ese sentido, el concejal socialista Horacio Royo ha pedido al popular y responsable del área de Urbanismo, Víctor Serrano, que «reconociese su error y dimitiese». Ante eso, Serrano ha respondido que solo dimitiría «si mi partido le entrega la Alcaldía de Pamplona a los terroristas». «El populismo de extrema izquierda ya no es el de ZeC, es el del señor Royo», ha añadido el concejal de Urbanismo.

Por su parte, tanto Suso Domínguez, de Zaragoza en Común, como Julio Calvo, de Vox, han coincidido en pedir al actual Ejecutivo municipal «máxima transparencia» a la hora de abordar el polémico expediente, en el que están en juego más de nueve millones de euros.

De hecho, Calvo ha querido resaltar la «diligencia» de la presidenta de la Asociación Vecinal de La Almozara, «quien ha puesto sobre la mesa este asunto». «Espero que se le nombre Hija Predilecta o se le invite al menos a un vermú, porque si se recupera ese dinero habrá prestado un servicio muy importante a la ciudad de Zaragoza», ha remarcado el concejal del partido ultraderechista, quien ha vuelto a coincidir con su homónimo de ZeC, Suso Domínguez, al considerar que buena parte de esa partida podría ir destinada a las piscinas del barrio zaragozano.

Además de la comisión extraordinaria, también ha comparecido el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, quien ha ofrecido una explicación jurídica, elogiada por todos los grupos municipales, para justificar las actuaciones de su área con respecto a este expediente en los últimos meses, en los que la oposición acusa al gobierno de no reclamar los más de nueve millones a la sociedad deportiva. Asimismo, Abadía ha remarcado que no había recibido «instrucción política alguna» que hubiese influido en su proceder.