El 80% de los ascensores de Zaragoza incumple la nueva normativa de seguridad: estos son los motivos

El 80% de los edificios con ascensor en Zaragoza incumple la nueva normativa estatal de seguridad que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Mucho más restrictiva que la actual, obligará a las comunidades de vecinos a revisar su instalación para comprobar si cumple con las nuevas exigencias entre las que destaca la obligatoriedad de contar con una línea de comunicación bidireccional para el rescate de personas o dos sensores a distintas alturas para evitar el cierre de puertas.

Aquellos que se instalaron a partir de 2017 tendrán pocos problemas para adaptarse, pero las comunidades con cabinas más antiguas tendrán que empezar a ahorrar para ponerlas a punto. Se estima que cerca de un 10% deberán cambiar su ascensor en la capital. De todos modos, hay un plazo amplio para modificar las máquinas.

La nueva normativa ITC (Instrucción Técnica Complementaria) trae importantes novedades para los ascensores. Según el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, solo aquellos inmuebles de obra nueva cumplirían con los nuevos requisitos y, como mucho, tendrían que hacer frente a alguna pequeña actualización. Esto sucede porque en 2017 ya se actualizó la normativa que incluía elementos ahora obligatorios, como la línea de comunicación bidireccional o los sensores a dos alturas.

Un tesoro escondido tras el portal

Inversión

Atendiendo al último informe de la Federación Empresarial Española de Ascensores, en Aragón hay cerca de 35.000, principalmente en la capital aragonesa, donde se concentra la población. Solo en el año 2022 (últimos datos) se instalaron 581, tanto en edificios de nueva construcción como en los procesos de rehabilitación integral en aquellos que carecían de ascensores.

La normativa, que incluye tanto a los elevadores de bloques de pisos como de oficinas y recintos privados o públicos, contempla siete "medidas mínimas de seguridad". Las comunidades de vecinos tendrán varios años para adaptarse tras la inspección ordinaria periódica que detecte las carencias a subsanar. A partir de julio, se exigirá una precisión de parada que deje el elevador con exactitud a la altura del rellano para evitar tropiezos.

También mecanismos de detección de personas y mascotas a dos alturas –al menos 25 mm y hasta 1.600 mm sobre la pisadera de cabina– para que las puertas de cierre automático no golpeen a las personas (y animales de compañía). Entre los requisitos también se encuentra la obligación de garantizar una línea de comunicación bidireccional para el rescate de personas atrapada.

Además, habrá otras novedades que no serán percibidas por los residentes, ya que habrá que sustituir en todos los ascensores –salvo los catalogados como patrimonio histórico– las guías de cabina o contrapeso cilíndricas huecas, de raíl o de madera; instalar un dispositivo que impida sobrecargar de peso la cabina y de contrapeso. Estas serán, además, las más costosas para las comunidades de vecinos.

El precio de un ascensor nuevo ronda entre los 30.000 y los 40.000 euros

Conocido el listado, Beatriz González, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, calcula que solo un 20% de los ascensores de la capital cumplen estos nuevos requisitos. Se trataría de los más modernos, aquellos instalados en edificios de obra nueva. El resto, tendrán que acometer alguna que otra actuación, cuyo precio puede variar desde los 200 euros hasta los 40.000, siempre que no haya que hacer obra.

Según explica, la mayoría de cabinas son de los años 70, por lo que carecen de los nuevos elementos de seguridad. En concreto, el 50% del parque de ascensores de la comunidad tiene más de 25 años. Como dato, España es el país de la Unión Europea con más ascensores en proporción a su población, alrededor de 24 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la mitad tiene una edad media de más de 20 años.

Viendo la estadística, no resulta extraño que entre el 50 y el 60% de las instalaciones tendrá que hacer algún tipo de obra en sus máquinas, subraya González. No sucederá lo mismo para ese 10% que tendrá que optar por la compra de uno nuevo, lo que supone un importante desembolso para las comunidades de vecinos, ya que los precios rondan entre los 30.000 y los 40.000 euros.

"Tendrán que llegar ayudas para que estos edificios puedan hacer frente a este gasto", señala González, que admite que desde el Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza se dan subvenciones pero siempre y cuando estén relacionadas con la mejora de la accesibilidad. De todos modos, hay tiempo para poner a punto los elevadores, incluso aparece 2030 en el horizonte ya que las inspecciones periódicas van a realizarse cada dos, cuatro o seis años. Es decir, que habrá cabinas obsoletas que puede que no sean revisadas hasta dentro de seis años, cuando se les exigiría su adecuación, explican desde Duplex Ascensores. Un tiempo más que prudencial para "no colapsar" al sector, matizan desde Magaiz, que aseguran que tienen capacidad suficiente como para absorber la demanda que se espera a partir de ahora.

La normativa también afecta a las empresas que se encargan de las inspecciones, que tendrán que actualizar su forma de trabajar ya que, a partir de julio, se unifica el sistema de mantenimiento.