Izquierda Unida (IU) ha solicitado la comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón de tres consejeros de la DGA para que respondan a cinco preguntas relacionadas con los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico con International Leisure Development (ILD), el pool de empresas que impulsa el macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala, para facilitar la materialización del proyecto.
El responsable de Obras Públicas, Alfonso Vicente, deberá explicar "qué entiende su departamento por ´facilitar la gestión de las comunicaciones y transportes", así como la del suministro de agua, a Gran Scala. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, será interrogado por la dimensión prevista para el recinto y para que señale "qué entiende su departamento por ´facilitar la gestión de suministros eléctricos, energéticos y de gas" para el complejo. Por último, el consejero de Presidencia, Javier Velasco, será interpelado sobre "qué requerimientos específicos del proyecto van a necesitar la adecuación de la normativa administrativa".
La inclusión en el protocolo de intenciones suscrito entre la DGA e ILD de la disposición del Gobierno a adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto fue duramente criticada por el diputado de IU, Adolfo Barrena. Según dijo, ese acuerdo podría vulnerar la normativa comunitaria, "que dice cómo se debe ayudar a la iniciativa privada, y que en ningún caso permite legislar a la carta".
Barrena, que espera debatir algunas de estas iniciativas en el primer pleno de febrero, anunció ayer que ha propuesto a la Cámara la creación de una comisión de estudio "que permita conocer todo lo referido" al proyecto y en la que comparezcan expertos en diferentes materias --medio ambiente, urbanismo, comercio, salud, etcétera-- para finalizar sus trabajos "en un plazo no superior a seis meses desde su constitución". "No creo que los grupos que apoyan al Gobierno tengan problemas en que salga adelante la comisión. Sería hasta bueno para ellos", indicó el diputado de IU.
Barrena también ha presentado una proposición no de ley en la que reclama que el Gobierno de Aragón paralice "todo lo referido" al complejo "hasta no tener aprobadas las nuevas leyes de Ordenación Territorial y de Urbanismo de Aragón" ante "el impacto que este plan en su conjunto puede tener" en la comunidad. IU considera que el modelo Gran Scala no es lo que necesita una autonomía con los positivos datos macroeconómicos que presenta Aragón.
Por otro lado, Barrena destacó que "este proyecto empeora la calidad democrática de Aragón", ya que, con los compromisos adquiridos por la DGA en el protocolo, "se supedita la acción legislativa a requerimientos privados". Por último, IU ha presentado una batería de preguntas para las que pide respuestas por escrito. Con ellas piensa denunciar el proyecto ante Bruselas.
