Cuatro comunidades autónomas se oponen a la propuesta de cobrar por atender a los inmigrantes sin papeles. País Vasco, Andalucía y Cataluña lo anunciaron el martes. Y ayer se sumó también Asturias. La propuesta del Gobierno central no ha encajado bien entre los gobiernos que no están liderados por el PP.
Mientras los populares animaron ayer a los inmigrantes ilegales a volver a sus países de origen, el PSOE cargó contra la propuesta del Ejecutivo. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de los socialistas, Antonio Hernando, acusó al Gobierno de estar utilizando a los inmigrantes "como cabeza de turco" frente a su "inoperancia e incapacidad" para dar respuestas "solventes y eficaces a la crisis".
Por contra, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (PP), señaló que en estos momentos "no se puede" mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles porque, explicó, el gasto sanitario se tiene que "ajustar" dado que ha habido una "caída muy importante de ingresos". En esta misma línea, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, subrayó que en épocas de crisis "hay que hacer políticas que sirvan para disuadir y eliminar elementos que puedan servir de atractivo para la entrada o permanencia" de inmigrantes ilegales en España.
Por otro lado, Cáritas Española instó al Gobierno y a los partidos políticos a una "reflexión profunda" sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud y las consecuencias del Real Decreto Ley de medidas urgentes.
