Los criterios y fórmulas de concesión de ayudas a las empresas que acudían a las cuencas mineras ha ido variando con el paso de los años. En los primeros tiempos las industrias recibían el 30% de subvención de la inversión que pensaban hacer. A partir del 2006 se pusieron más reparos. Después de algunas espantadas, claro. Se establecieron nuevos porcentajes, del 15, el 25 y el 35% en función del tamaño de la planta y el empleo que generaba, y se dividieron los pueblos en función de su dependencia del carbón. Se quería así frenar los abusos.
