S. R. C. se enfrenta a sus 16 años a una condena de hasta quince. La Ley del Menor asigna un riguroso trato a los adolescentes que cometen delitos graves y violentos. En el caso del asesinato, la legislación impone castigos de hasta diez años de reclusión en un centro de internamiento de menores infractores --un reformatorio, aunque el cumplimiento puede terminar en una prisión en función de la edad del reo-- seguidos de cinco de libertad vigilada. Los muchachos no pueden obtener permisos antes de haber cumplido la mitad de la condena, y a partir de entonces requieren la autorización del juez que sentenció el asunto. La libertad vigilada es revocada para pasar al régimen semiabierto en el caso de que el adolescente incumpla el programa educativo que le asigna el Equipo Técnico.
