El informe expone que diez comunidades autónomas han aprobado medidas para proporcionar tarjeta sanitaria a las personas excluidas por los recortes, como los inmigrantes irregulares, cinco establecen excepciones y solo una, Castilla-La Mancha, aplica el decreto. Andalucía y Asturias mantienen el acceso normalizado a no asegurados o beneficiarios sin recursos y Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Valencia y País Vasco amplían el acceso con programas complementarios.
