El Grupo contra los Conciertos Educativos presentó ayer ante la Fiscalía documentación con nuevos datos acerca de la autorización y el concierto del Colegio Ánfora Internacional de Cuarte, porque han detectado indicios de prevaricación en el proceso y quieren encontrar "al (Francisco) Granados de Aragón".

María José Chinchilla, abogada de este grupo que aglutina a IU, CHA, STEA, CGT y MHUEL, compareció para dar detalles de esta nueva documentación presentada ayer en su ratificación ante Fiscalía, que a su juicio demuestra que no están claras ni la titularidad de los terrenos sobre los que se construye el colegio ni la del propio centro.

Este grupo presentó el 1 de julio ante la Fiscalía una denuncia en la que ya alertaban de irregularidades en la concesión del colegio a la empresa Ánfora, investigada en el marco de la trama Púnica y vinculada a Afedel, propiedad de Alfonso Ferrón del Río quien, dijo Chinchilla, está imputado en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el caso Púnica.

Según los datos de este grupo, Ánfora Sociedad Cooperativa no tuvo "capacidad legal" para actuar en Aragón hasta el pasado 15 de julio, fecha en la que consta su inscripción en el registro de cooperativas. Hasta entonces, según los estatutos de la cooperativa, solo tenía capacidad legal para actuar en Madrid, agregó Chinchilla.

Otra de las irregularidades detectadas tiene que ver con la propiedad de los terrenos, puesto que a día de hoy las dos parcelas siguen a nombre de la empresa propietaria en origen y no al de la cooperativa, además de que el compromiso de compraventa se inició cuando esta última todavía carecía de esa capacidad legal para actuar en Aragón.

Los denunciantes no saben de hecho si la compraventa, por casi 3,8 millones de euros, se ha formalizado, lo que "no da ninguna garantía al Departamento de Educación de que pueda disponer del uso o la propiedad" de los terrenos.

Además, las parcelas tenían previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística de Cuarte un uso residencial y no terciario, lo que lleva a pensar a los denunciantes que también ha existido un "trato de favor" desde este consistorio.

Las irregularidades, denunciaron, llegan a la constructora del centro, Avintia, una empresa fundada por Obrum e imputada en la Púnica.