La denuncia formalizada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza por la Asociación de Clientes Financieros (ACF) adolece de una carencia clave para que pudiera prosperar: no ofrece datos concretos que permitan identificar a los afectados por el endose de participaciones preferentes ni tampoco aporta contratos o datos concretos que posibilitaran al ministerio público estudiar las conductas de los bancos y cajas de ahorro. Esa información no habilitaría al ministerio público para instar las acciones de cesación y de resarcimiento que reclamaba la entidad, aunque sí habría permitido, en todo caso, que pudiera haber emprendido algún procedimiento en caso de hallar indicios de delito en algún acuerdo.
