La asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) reiteró ayer por enésima vez su petición de paralizar el derribo de la parte no catalogada de la fundición Averly, aunque este avance a buen ritmo. De hecho, la letrada de la asociación, Pilar Villellas, se declaró "sorprendida" de que aún se pudiera mantener el proceso, ya que al paso que comenzó el derribo hace hoy una semana se temían que tuvieran que desistir de la petición.

Aún quedan, sin embargo, algunos edificios en pie, y la asociación reiteró ayer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza su petición de conservarlos, como medida cautelar, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decida si la catalogación de Patrimonio de la DGA de solo parte de los edificios es correcta.

El letrado de la promotora que acomete el derribo, Neurbe, pidió que se rechace la medida cautelar, o como mínimo que Apudepa pague un millón de euros por los perjuicios para la empresa si esta se produce. Unas pérdidas que la letrada de Apudepa negó, ya que la parcela aún no tiene el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado, por lo que no se podrían construir los pisos proyectados.

Ante Apudepa se sentaban como codemandados la promotora Neurbe y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuya aprobación de licencia de derribo (hace un mes) es, en realidad, lo que se recurrió por la asociación.

Aunque compartían bancada, el letrado municipal parecía más bien del bando, si lo hay, de la asociación. Porque si el abogado de la empresa insistía en que lo que se trata en este proceso es la licencia de derribo, no la catalogación, su compañero de lado advertía al juez que, si no se toma la medida, el proceso de catalogación quedará (aún más) vacío de sentido. Decidirá si habría que haber protegido unas naves que ya no existirán.

Ahora está en manos del juez decidir si procede o no paralizar las obras. Ayer, al cierre de esta edición, no había trascendido ninguna decisión.

El pasado viernes, el mismo juez desestimó esta paralización como medida cautelarísima (inmediata), y recordó a Apudepa que la parálisis ya la adoptó el TSJA hace dos años por el recurso de la catalogación. Pero condicionada a que la asociación pagase una caución de un millón de euros, que no abonó. Además les recriminó que interpusieran el recurso tarde, con las obras ya empezadas. Aún así, les emplazó para la vista de ayer.

La letrada de la asociación explicó al magistrado que si no recurrieron antes fue porque no litigar fue un requisito de la empresa para negociar con el ayuntamiento. De hecho les acusó de haber "engañado" a la sociedad al usar ese tiempo para preparar el derribo.