El 75% de los aragoneses aprueba que los médicos interrumpan el tratamiento en el caso de situaciones irreversibles, según se desprende de un estudio de la dirección general de Calidad y Atención al Usuario del Departamento de Sanidad presentado hace unos meses. Sin embargo, a pesar del apoyo mayoritario, en la comunidad un 80% de las personas desconoce la existencia de la Ley de Muerte Digna. El informe también refleja que la posibilidad de otorgar las voluntades anticipadas (lo que se conoce como testamento vital) apenas la conoce un tercio de la población y que el 90% ignora la existencia de los Comités de Ética Asistencial. Una de las cifras escasas que agrupaciones como Derecho a Morir Dignamente intentan cambiar con sus actividades. "En muchos casos son las enfermeras que atienden a los pacientes las que les hablan de nuestra existencia", confirma su presidente, José Luis Trasobares. Ellos se encargan de proporcionar claridad y asesoramiento legal ante este tipo de situaciones.

También lamentan que, en situaciones como la de la niña gallega, las leyes autonómicas de muerte digna (que se han aprobado en Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia y próximamente en el País Vasco) han demostrado que son una herramienta insuficiente para que se respeten los derechos y se mejore la calidad de muerte. Consideran que el Código Penal, que castiga la cooperación al suicidio y la eutanasia, "ejerce una presión social que distorsiona la toma de decisiones al final de la vida".

En este sentido, denuncian, a través de un comunicado, que algunos profesionales utilizan esta consideración legal "como un subterfugio para imponer la sacralidad de la vida, ignorando la voluntad del paciente", algo que obliga a los ciudadanos "a la necesidad de justificar decisiones actualmente reguladas en la legislación". En general, todas las normas siguen líneas muy similares tomando como modelo el texto andaluz, que fue pionero en España. Ante el caso de la niña, el PSOE ha propuesto pactar una ley de eutanasia, aunque el PP rechaza la petición. Sin embargo, los obispos se han pronunciado sobre el caso denunciando el "encarnizamiento terapéutico" al igual que inducir el fin de la vida.