Un total de 15 casos de discriminación a ciudadanos de etnia gitana se registraron durante el 2016 en la comunidad aragonesa. Se trata de un 7,4% de los casos nacionales (202), analizados, denunciados y asistidos por la fundación Secretariado Gitano. Las mayores dificultades a las que pueden enfrentarse es encontrar una vivienda donde pueden residir y un puesto de empleo y que, según la directora de Igualdad de la fundación, Sara Giménez, «afecta a la vida diaria de las personas».

Giménez explicó ayer, durante la presentación del informe del 2016, que a la hora de optar a un trabajo «no validan un currículo solo por los apellidos». Asimismo, para alquilar o comprar una vivienda siguen teniendo «graves problemas». Por ello, este colectivo pide a la Administración, tanto aragonesa como nacional, que se apoye «en la asistencia y protección a las víctimas» y que dé una respuesta «desde las fiscalías de delitos de odio y de discriminación». Aseguró, también, que existe «infradenuncia» porque la víctima «si no ve que el sistema responde, jamás denunciará».

Por su parte, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, alegó que es necesaria «la concienciación y sensibilización» de la ciudadanía. «Hemos avanzado mucho pero que se casen pronto o que no puedan estudiar es una rémora que tenemos que procurar superar», afirmó García Vicente. Además, estos casos de discriminación son culpa de la educación y corregirla «cuesta tiempo tanto dentro como fuera de la comunidad gitana, ya que el concepto que algunos tienen de ellos es injustificado», indicó.