Aragón trabaja ya en la elaboración de un registro de afectados por la talidomida. Para ello, y al igual que otras comunidades, ya se ha puesto en contacto con la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), a la que pertenecen los 26 aragoneses que, actualmente, están registrados como víctimas del fármaco. La elaboración de ese registro es la primera tarea que ha impuesto la ministra de Sanidad Dolors Monserrat, que, este mismo mes, se comprometió, además, a incluir en los próximos presupuestos ayudas para estas víctimas, así como a la creación de un comité científico que contará con expertos de primer nivel, entre ellos, un pediatra del hospital Miguel Servet de Zaragoza. «La predisposición es inmejorable. La ministra quiere que antes de final de año todos los afectados estén ya censados. Aragón y otras comunidades nos han pedido ya información, aunque será a comienzos de septiembre cuando nos reunamos con el consejero Sebastián Celaya», anunció ayer el Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite y natural de Barbastro.
La declaración de intenciones del ministerio ha sido muy aplaudida por los aragoneses afectados. «Ojalá se hubiera hecho hace 14 años, pero valoramos la apuesta por, primero, elaborar un registro para después proceder a compensaciones económicas y, finalmente, exigir responsabilidades a la compañía farmacéutica alemana Grünenthal, además de propiciar un acceso más rápido a la dependencia», añadió Basterrechea.
En la actualidad, Avite está integrada por 499 afectados por la talidomida, que, según la asociación, habría causado la muerte de alrededor de 2.500 personas desde su aparición, hace más de medio siglo. De ellos, 130 serían aragoneses, muchos de ellos bebés. Aragón es la comunidad autónoma que cuenta con un porcentaje más elevado de afectados por el talidoma, un fármaco que provocó malformaciones en recién nacidos en los años 60. Se recetaba en muchos países del mundo, entre ellos España, como remedio para paliar las naúseas que las embarazadas sufrían durante el embarazo. Se prohibió hacia 1961 porque se descubrió que producía esas malformaciones. Sin embargo en España no se retiró hasta 1963, cuando las autoridades sanitarias decidieron alertar sobre la situación, aunque las víctimas advierten de que el producto pudo seguir vendiéndose durante unos años más.
