La Generalitat ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que declare nula "de forma inmediata como medida cautelar" la sentencia del juzgado de Huesca sobre el conflicto de los bienes del monasterio de Sijena.

Según ha informado hoy el gobierno catalán, la Generalitat ha solicitado la nulidad de las resoluciones judiciales dictadas por el juzgado número 1 de Huesca, que requerían el traslado al Monasterio de Sijena de los bienes adquiridos por la Generalitat que son objeto de litigio con el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

La Generalitat entiende que la sentencia 48/2015 de 8 de abril de 2015 que dictó el juzgado de Huesca, así como la decisión de proceder a su ejecución provisional, "contradicen aquello que ya decidió el mismo Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia 6/2012, de 18 de enero de 2015".

En aquella ocasión, indica el Departamento de Cultura catalán, "el TC resolvió el conflicto de competencia a favor de la Generalitat, declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de las órdenes del gobierno de Aragón y determinó que el objeto de las competencias controvertidas era la protección del patrimonio histórico, materia sobre la cual tanto la Generalitat de Cataluña como el gobierno de Aragón ostentan las competencias exclusivas".

En este sentido, la resolución del TC dejaba claro, en opinión de la Generalitat, que el territorio es el elemento delimitador de competencias y, "como los bienes se encontraban en adecuadas condiciones de conservación en Cataluña, sentenciaba que tenía que prevalecer la competencia de la Generalitat" y que, por lo tanto, los bienes "se tienen que mantener en la Comunidad Autónoma en la cual se encuentran".

Con arreglo a la resolución del TC, la Generalitat considera que la sentencia del juzgado de Huesca y su auto de ejecución provisional que insta el traslado de los bienes en litigio son contrarias a la sentencia del Tribunal Constitucional y en consecuencia se pide la nulidad.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se encuentran inmersos actualmente en dos litigios judiciales contra la Generalitat, el MNAC y el Estado español para instar a la devolución de 96 piezas del monasterio adquiridas por la Generalitat y el MNAC a la comunidad de monjas sanjuanista, así como de las pinturas de la sala capitular, afectadas por el incendio que sufrió el cenobio en el inicio de la Guerra Civil española.