El número de causas civiles que se tramitaron en Huesca el año pasado disminuyó de forma significativa en las fases de apelación debido a las tasas judiciales establecidas, mientras que el de los asuntos laborales que pasaron por el Juzgado de lo Social se dispararon debido a la crisis.
Estos datos fueron dados a conocer ayer durante el acto protocolario de inicio del nuevo año judicial por el presidente de la Audiencia de Huesca, Santiago Serena, quien apuntó a la crisis económica y a la reciente ley de tasas judiciales como posibles causas de estas estadísticas.
En su intervención pública, Serena destacó que la Audiencia de Huesca tramitó 867 nuevos casos y resolvió un total de 921, con una "destacable" disminución respecto a los más de mil tramitados el ejercicio anterior. Precisó, además, que este descenso tiene su origen en el hecho de que en el 2013 el número de apelaciones civiles tramitadas disminuyó en más de cien, y en el efecto "disuasorio" de unas tasas que obligan, según afirmó, al pago de cantidades "importantes".
Por su parte, el Juzgado de lo Social de Huesca tramitó el año pasado un total de 1.092 asuntos, a pesar de que las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para este tipo de órganos judiciales sitúan entre 670 y 800 como máximo.
El magistrado, que expresó su satisfacción por la reciente inauguración del nuevo y moderno Palacio de Justicia de Huesca, expresó su deseo, por otra parte, de que el segundo juzgado de lo penal de la provincia comience su actividad a principios del próximo año.
Por su parte, el fiscal jefe de Huesca, Felipe Zazurca, pronunció un discurso de tono autocrítico en el que invitó a los miembros de la magistratura oscense a reflexionar sobre cuestiones que preocupan a la sociedad respecto al funcionamiento de justicia. A este respecto, incidió en la necesidad de llevar a cabo reformas legales que permitan dar mayor agilidad a la justicia, hacerla más cercana al ciudadano y en condiciones de igualdad.
Zazurca hizo suya la reivindicación del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al incidir en la necesidad de una nueva ley procesal penal que sustituya a la aún en vigor del siglo XIX y que permita dar mayor agilidad a los procedimientos judiciales.
MODIFICACIÓN DE LA LEY
En su discurso, rechazó también que las presiones del poder a la judicatura sean una "norma común" y seguró no conocer casos de jueces y fiscales condicionados en este sentido, pero subrayó a renglón seguido que en la sociedad "donde todavía no se ha llegado a garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley".
Por esta razón, Zazurca reivindicó como "necesarias" reformas como una modificación "sustancial y razonable" de la ley de tasas y una regulación de los aforamientos "que los reduzca y los plantee de una forma que ni siquiera aparente privilegios".
Zazurca incidió también en la necesidad de "seguir mejorando" en la protección y salvaguarda de las víctimas delitos, así como en la defensa de sus intereses.
