La secretaría de Salud Laboral de CCOO Aragón ha desarrollado una jornada de análisis de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016-2020, dirigida a delegados de prevención en las empresas.

Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral y Medioambiente del sindicato, ha dado las claves de la estrategia junto a Soledad de la Puente, directora general de Trabajo de Aragón, que ha participado en las mesas de debate, según informa CCOO en una nota de prensa.

Se trata de una estrategia que nace del consenso entre los agentes sociales aragoneses y que tiene como objetivo reducir la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma, tanto en los accidentes de trabajo como en las enfermedades profesionales.

Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, ha valorado los acuerdos en el marco del dialogo social porque "la salud laboral está muy condicionada por decisiones legales de los gobiernos nacional, porque legisla, y autonómico, porque es el encargado del desarrollo de esta legislación".

Por ello, CCOO ha resaltado la importancia de alcanzar acuerdos con el resto de agentes sociales, que son indispensables para la mejora social y económica.

"Tenemos un desarrollo importante en el marco del dialogo social. Hemos conseguido que el sindicato gane mucho peso en el ámbito de la salud y seguridad en las empresas", ha afirmado Pina. Y es que gracias a estos acuerdos han nacido instituciones muy importantes para la salud como el ISSLA o el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.

Los objetivos a cumplir son la reducción de la siniestralidad laboral e impulsar la calidad del Sistema de prevención de riesgos laborales en una búsqueda continua de la mejora de las condiciones de trabajo; contribuir al fortalecimiento de la coordinación y la colaboración de las Administraciones y los interlocutores sociales frente a los riesgos en seguridad y salud laboral y, en concreto, Trabajo, Salud y Educación.

Además de impulsar la cultura preventiva sensibilizando, promoviendo y comprometiendo a organizaciones, empresas, trabajadores y a la sociedad en general con la seguridad y salud en el trabajo; así como garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de Salud Laboral y, en concreto, en las evaluaciones de riesgos laborales en los centros de trabajo.