CCOO de Aragón ha exigido hoy, el día en el que comienza el juicio de ocho sindicalistas y trabajadores de Airbus por participar en la huelga general de 2010, la derogación del artículo 31.5 del Código Penal, que limita el derecho de huelga, y que se amnistíe a los encausados en virtud del mismo.

El secretario general de CCOO Aragón, Julián Buey, ha participado hoy en una concentración de apoyo a los llamados "Ocho de Airbus" para exigir que se les amnistíe.

A ellos y a los más de trescientos sindicalistas encausados, acusados a través del artículo 31.5 del Código Penal.

Para muchos de ellos, ha explicado, se piden hasta ocho años y medio de prisión, con lo que, ha lamentado, "en este país sale más barato ser violador, ladrón, atracar bancos o evadir impuestos que ser sindicalista y estar en un piquete pacífico de extensión de la huelga", piquetes que, según Buey, están legalmente reconocidos en las Constituciones de todos los países democráticos del mundo.

Ha relatado que durante toda la democracia el artículo citado "quedó invernado", y que "resucitó" durante la legislatura del PP, uniéndose a "la reforma laboral, los recortes sociales y la ley mordaza".

Todo este "pack", a juicio de Buey, "disminuye los derechos laborales y hace que el pago de la crisis recaiga sobre los trabajadoras", al tiempo que se limitan los derechos de la gente para que "no pueda revelarse contra estas barbaridades".

Y ahora, tras treinta años de "ejercicio responsable, serio y sin incidentes del ejercicio de la huelga", los sindicatos se encuentran con la recuperación de la aplicación de un artículo que "tiene que ser suprimido".

Comisiones Obreras pide al nuevo gobierno que asuma el compromiso de la eliminación del artículo porque, mientras esté vigente, los trabajadores "verán disminuida su capacidad de luchar por equilibrar unas relaciones laborales que son por naturaleza desequilibradas", ha enfatizado Buey.

Ha explicado que, en virtud del artículo, ahora cuando se produce un piquete informativo en una huelga, para informar a todos los trabajadores del motivo de la protesta, interviene la policía, pide la documentación y se imputa a los participantes.