El Instituto Aragonés de Servicios Sociales volverá a sufragar al Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) de los colegios de abogados aragoneses para que asuman la atención a los foráneos, tras seis meses en los que la prestación ha sido gestionada por la fundación catalana APIP.
Los letrados aragoneses llevaban 20 años prestando esta asistencia, una iniciativa pionera en España, cuando el pasado mes de septiembre el Gobierno no les prorrogó el contrato y lo adjudicó a la citada fundación, algo que justificó en una oferta económica más ventajosa. El Colegio ha tenido que rebajar ahora la suya para recuperar el apoyo autonómico.
La coordinadora del SAOJI, Inmaculada Bolea, mostró ayer su satisfacción por la concesión, que se firmará la semana que viene y entrará en vigor --con la prestación del servicio-- el lunes. Recordó que desde que el Gobierno cambió de adjudicatario, los letrados han venido prestando el servicio en las sedes colegiales gratuitamente. "Tanto la Brigada de Extranjería como otros organismos nos han seguido remitiendo casos", expuso, aunque admitió que volver al lugar "natural", como la Casa de las Culturas en Zaragoza, facilitará la atención.
CRITERIOS Bolea admitió que tuvieron que rebajar considerablemente la remuneración solicitada para adaptarse a las exigencias gubernamentales. Pero valoró que, aunque siga primando el aspecto económico, se hayan tenido en cuenta "otros criterios" como la formación de los letrados o la experiencia profesional de los mismos.
En concreto, el pliego recogía una valoración por puntos con un 45% para la oferta económica, 35% para los métodos de gestión, autocontrol y formación, 12% para el número de letrados y 8% por las horas de servicio.
La oferta económica ha tenido que rebajarse desde los 75.089,36 euros anuales, con IVA, que recogían las condiciones. Una cantidad exigua para 12 horas de servicio semanal, con expedientes que han de seguir tramitando en casa.
