El sercicio Bizi de Zaragoza ha tenido un éxito incontestable desde que se estrenó en el 2008. Tanto ha sido que hoy, cuando se debería celebrar el impulso al fomento de la bicicleta en la ciudad o, sobre todo, que su funcionamiento no le cueste ni un euro al consistorio, este se está planteando cómo modificar el contrato para que la red se pueda ampliar a todos los barrios de la ciudad. Porque la sensación que hay desde hace tiempo es que la exigencia de 130 estaciones y 1.300 bicis impuesta por contrato a la concesionaria, Clear Channel, y ya en servicio desde hace años, se quedó corta. Y ahora, que la empresa no quiere invertir porque la publicidad no le proporciona los recursos suficientes para hacerlo, el consistorio no puede financiar esa ampliación tampoco. Aunque eso puede cambiar este año.

El área de Servicios Públicos se ha comprometido con Izquierda Unida a encargar un informe a los servicios jurídicos municipales para que expliquen cómo hacerlo. Que se rastree cualquier posible resquicio legal que permita al ayuntamiento inyectar fondos públicos en aras del beneficio ciudadano. Aumenta el negocio, a la concesionaria, por primera vez, no le costaría un euro, pero al menos barrios como Torrero, Las Fuentes o Casablanca, entre otros, recibirían una de esas estaciones con las que desplazarse por la ciudad.

Un compromiso, que el presidente del Observatorio de la Bicicleta y concejal de IU Pablo Muñoz aseguró ayer que había arrancado a la responsable de Servicios Públicos en el ayuntamiento, Carmen Dueso. "Nos echamos todos las voluntades políticas a la cabeza pero no tenemos un informe jurídico sobre cómo apliar la red", lamentó.

Para el edil existe un acuerdo tácito sobre la posibilidad de que el consistorio, en el momento que pueda, que exista un marco legal que lo permita, financie esa ampliación de la red. El presupuesto de este año, además, incluye una partida específica para llevar el Bizi al barrio de Torrero. Pero esta no se podrá ejecutar si no hay una modificación del contrato o se da con ese resquicio legal. La demanda de usuarios es obvia, los barrios lo piden desde hace tiempo. Solo falta hacerlo.