El Gobierno de Aragón culminó ayer el proceso de escolarización para los 12.900 niños que se estrenarán en las aulas el curso que viene y, como cabía esperar, no lo hizo a gusto de todos. La polémica sobre la asignación de plazas no se atenuó con la publicación definitiva de las listas, pese a que el Ejecutivo informó de que el 95% de los futuros alumnos ha sido admitido en el centro que sus padres eligieron como primera opción, mientras el 99% tendrá sitio en uno de los colegios señalados como alternativas por sus progenitores.
No fue el caso, sin embargo, de dos familias del barrio zaragozano de Rosales del Canal, el lugar de la comunidad más afectado por la explosión demográfica y, al tiempo, por la carencia de infraestructuras. Decenas de niños de esta zona del sur de la capital tendrán que matricularse en colegios que distan más de 4 kilómetros de sus casas, con el consiguiente perjuicio social y económico. De inicio y tras el pertinente sorteo el pasado 26 de abril, 62 escolares se quedaron sin plaza, lo que obligó a la DGA a aumentar improvisadamente de tres a cuatro vías la oferta en este centro, para aceptar a 25 niños más. Los 37 restantes esperaban ayer destino, pero fuera ya de su barrio. 35 lo consiguieron en centros de la Romareda, Casablanca y el centro.
A OLIVER
Y aunque la consejera de Educación, Dolores Serrat, no ha dejado de afirmar durante las últimas semanas que todos los niños aragoneses tendrían plaza en su zona escolar --Zaragoza está dividida en siete--, dos pequeños de Rosales fueron asignados finalmente al colegio Fernando el Católico, del barrio Oliver, ubicado en otra zona educativa de la capital aragonesa. Desde el departamento que dirige Serrat, esgrimieron ayer que estos dos casos son atribuibles al hecho de que sus familias "no rellenaron todas las opciones --siete-- que les ofrece el sistema", por lo que, al no poder satisfacer sus únicas propuestas, el sistema les ha asignado de manera automática los centros más cercanos con plazas vacantes, al margen ya de la división en zonas de la ciudad.
La plataforma Andando al cole, que representa a padres de Rosales, insistió ayer en calificar la situación de "intolerable e inasumible". Como ha venido haciendo desde que se desvelaron los planes de Educación, denunció que se van a producir "verdaderos dramas familiares" y casos de "no escolarización por motivos económicos". Este colectivo, que hoy presentará un recurso legal ante el departamento de Educación en nombre de los 37 padres afectados, estima que esta "exclusión social" va a obligar a las familias a pagar una media de entre 150 y 200 euros más al mes, para hacer frente al coste del comedor y el transporte.
En iguales términos se expresó el presidente de Fapar, Juan Ballarín, quien calificó el proceso de "francamente desastroso". "Evidencia --añadió-- falta de planificación y de voluntad política por parte del departamento". Ballarín insistió en que "no hay nada como educar a un niño en su entorno".
