Una familia zaragozana se quedó el 19 de septiembre en la calle porque supuestamente la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza le aconsejó no pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que el propietario de la vivienda de alquiler le reclamaba. El importe total de la deuda que motivó el desahucio ascendía a solo 350,49 euros.
Antero Zafra tiene 67 años, una mujer enferma y una hija con un síndrome de Down del 80%. Su particular caso de embargo inmobiliario comenzó cuando el 25 de febrero de este año, el arrendador del inmueble en el que vivía desde 1983 le notificó que estaba pendiente del pago del IBI por los ejercicios del 2008, 2009 y 2010, una deuda que ascendía a 350,49 euros. El arrendatario, que cobra una pensión mensual de tan solo 600 euros, decidió acudir a la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza para cerciorarse si tenía o no que realizar ese pago. "La abogada que me atendió me hizo un escrito en el que decía claramente que no debía pagar el IBI del 2008 y el 2009 porque no se habían notificado, pero sí el del 2010, algo que me pareció perfecto", explicó el afectado.
La carta escrita por los servicios jurídicos del consistorio indicaba que "la reiterada jurisprudencia ha aclarado la necesidad de que el arrendador comunique al inquilino el pago de este impuesto, por lo que ninguna obligación tiene el arrendatario de pagarlo cuando no conste su notificación".
Con todo, Zafra aceptó pagar el IBI del año 2010, ya que se había notificado, pero, aconsejado por el ayuntamiento zaragozano, no pagó el importe de los ejercicios de los dos años anteriores.
El propietario de la vivienda en la calle Salvador Minguijón número 8 de Zaragoza decidió tramitar denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia pidiendo el abono del IBI, así como, "que se declare resuelto el contrato de arrendamiento, condenando al demandado a desalojar la vivienda", según la sentencia. Efectivamente, a 1 de julio del 2011, el Juzgado n° 8 de Primera Instancia condenó a Antero Zafra a "desalojar el inmueble el día 19 de septiembre del 2011 y a abonar al propietario de la vivienda la cantidad de 350,49 euros correspondiente al IBI de tres años".
REACCIÓN En apenas un mes y medio, el afectado y su familia abandonaron el piso y se trasladaron a otra vivienda por la que pagan 500 euros de alquiler. "Mi pensión es de 600 euros, por lo tanto en dos meses no podré pagar esa renta y me volverán a desahuciar", expresó desesperado Zafra.
El afectado sufre desde hace cuatro meses una fuerte depresión debido, principalmente, "a la situación en la que se encuentra mi familia que no sabe dónde va a vivir en apenas unos días", recordó. Ante esta situación, la mujer y el propio Zafra se plantean iniciar una huelga de hambre para denunciar la actitud del Ayuntamiento de Zaragoza.
"Después de habernos aconsejado mal y asesorarnos para que no pagaramos el IBI, no han sido capaces de ayudarnos a encontrar una vivienda y los servicios sociales nos trataron como a perros", demandó. La única ayuda que recibieron de este departamento fue el ofrecimiento de "unos módulos para poder vivir durante quince días". "Me quedé de piedra porque por una negligencia suya me quedé en la calle y no nos ayudan", evidenció.
