El plan hidrológico que condicionará el estado del río Ebro durante la próxima década, aprobado por un Gobierno español en funciones el pasado ocho de enero, no ha obtenido en Aragón el mismo rechazo social que se ha despertado en Cataluña. La plataforma Cuenca Azul, que agrupa a diversas entidades, organizaciones ecologistas y fundaciones sensibilizadas con la gestión de los ecosistemas acuáticos, pretende cambiar esta tendencia lanzando una campaña informativa para concienciar a la población de los riesgos que, según consideran, tiene aparejados. Por ahora la norma cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón (aunque CHA ha manifestado en diversas ocasiones su discrepancia) y de las agrupaciones de regantes. En estos momentos la norma ha dado el salto a las institucio nes europeas, que dirimirán en los próximos meses si el plan español es acorde a la legislación comunitaria o si, por el contrario, la infringe. El dictamen europeo, que se espera para principios del 2017, puede conllevar el veto a la concesión de fondos de financiación para obras agrícolas, confían sus detractores, además de la apertura de un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Luxemburgo. «El Plan de Cuenca empezará a tener contestación social en Aragón cuando se hable de nuevo de trasvase del Ebro», reconoce el portavoz de Cuenca Azul, Julián Ezquerra. Los colectivos ecologistas asumen que en la comunidad el asunto de los caudales ecológicos en la zona del delta, que ha soliviantado los ánimos en la comunidad vecina, no moviliza a la población,«aunque en el fondo sea una cara distinta de la misma moneda».

TRASVASES

Por el momento plantean iniciar una campaña de información general en las próximas semanas. Su intención será la de demostrar que los próximos trasvases que se produzcan con el amparo de la nueva normativa «no serán tan evidentes» como parecían hasta ahora. Cuenca Azul considera que las grandes tuberías con las que amenazaba el Plan Hidrológico de Aznar han desaparecido para siempre y que las próximas operaciones hidráulicas serán «más sutiles». Advierten sobre todo de los pequeños intercambios entre cuencas y recuerdan que en el propio Ebro ya se puede establecer el traslado de aguas de sur a norte y viceversa. «Pretenden implantar un sistema similar al de la red eléctrica, con un organismo a nivel estatal que regule todas las conexiones»,puntualiza Ezquerra. La batalla legal en Europa ha sido iniciada por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) y todos los partidos catalanes, a excepción del PP y Ciutadans. «Tenemos precedentes que nos hacen confiar en la Unión Europea, que en el 2004 negó la financiación para el trasvase del Ebro que había solicitado el gobierno del PP, de manera que ahora pedimos un dictamen, que revise el plan y que determine si existe incumplimiento de las directivas de agua, aves y hábitats», afirma el portavoz del organismo, Manolo Tomás. El debate ya se está armando. Una misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo visitó en febrero el delta para elaborar un informe que está ultimando con sus consideraciones sobre el plan. «Europa tendrá en cuenta todas las consultas públicas, peticiones o reclamaciones que se les haya hecho llegar», reconoce la europarlamentaria socialista Inés Ayala, la única aragonesa en el comité de Medio Ambiente de la Eurocámara. «Los regantes, los ecologistas y los ayuntamientos afectados por el plan pueden plantear sus conclictos si tienen legitimidad», asume. En la cima de la controversia, que ya reunió a miles de personas en una manifestación en Amposta el pasado mes de febrero a la que acudieron varios autobuses de aragoneses y una representación de dirigentes de CHA y Podemos, se encuentra la insuficiencia del caudal ecológico previsto para el tramo final, propiciado básicamente, señala la PDE, por una priorización de la reserva de agua para el desarrollo del regadío río arriba y una desnaturalización del curso fluvial con 50 nuevos embalses. Los agricultores aragoneses, por su parte, observan con buenos ojos el potencial de desarrollo que trae aparejada la normativa. El presidente de Riegos del Altoaragón, César Trillo, explica que en el texto se establece la creación potencial de 465.000 hectáreas de regadío en toda la cuenca, y que de estos más de 100.000 podrán desarrollarse en Cataluña. También resta importancia a las movilizaciones de los últimos meses, al entender que es necesario «saber quién lleva a la gente en los autobuses». Independientemente de estas cuestiones recordó que hasta ahora el Tribunal Supremo no ha resuelto a favor de la Generalitat ninguno de los recursos que ha interpuesto.

APOYO TÉCNICO

Los regantes rechazan la actual presión ecologista contra el plan de cuenca apelando al consenso político que ha generado.De las nueve comunidades autónomas que agrupa la cuenca solo Cataluña y Navarra se han manifestado abiertamente en contra. «Nos encontramos ante un rechazo político mucho más que técnico», explicó Trillo. Por este motivo los regantes también se han sumado al escenario europeo para explicar las «necesidades» de la cuenca através de un documento que ya han enviado a las comisiones de Peticiones y Medio Ambiente.