El PP y el PSOE se han achacado el uno al otro la culpa en el conflicto de los auxiliares de Educación Infantil de Zaragoza, después de que 103 de estos trabajadores estén en la calle al no haber incluido las cláusulas del nuevo concurso para adjudicar el servicio la obligatoriedad de subrogar al personal que venía trabajando en ello hasta ahora. IU ha defendido hoy en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón una proposición no de ley para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores que hasta ahora prestaban sus servicios como personal auxiliar de Educación Infantil en los centros públicos fueran nuevamente contratados. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PP y PAR y a favor de PSOE, CHA e IU.

Por su parte la consejera aragonesa de Educación, Dolores Serrat, en una comparecencia previa en la misma comisión, ha explicado que los pliegos del concurso para la prestación del servicio no incluyeron una cláusula de subrogación, y eso es responsabilidad del anterior Ejecutivo, ha dicho. El servicio se adjudicó a una nueva empresa que contrató a sus propios trabajadores desde las listas del paro, y por ello se ha generado un conflicto de intereses que "ocupa y preocupa" al Gobierno actual. Pero hay "poco margen de maniobra" puesto que no existen razones legales para rescindir el contrato, toda vez que la adjudicación se realizó atendiendo a las cláusulas que se fijaron "por el Gobierno anterior", ha recalcado.

En todo caso, el Ejecutivo se ha reunido con los 103 afectados y con la empresa, "le ha puesto cara y ojos" a los trabajadores pero encontrar una solución para ellos es "difícil" al margen de que sean incluidos en una bolsa de empleo con prioridad a la hora de cubrir puestos vacantes.

Para la diputada socialista Mayte Pérez, el problema es que el actual gobierno "no midió las consecuencias" del cambio de adjudicación, en una evidente "falta de gestión" y de "conocimiento de los temas". Por eso, "lejos de buscar culpables", ha pedido a la consejera que "busque soluciones".

Romero, en la defensa de su iniciativa, ha señalado que el error parte del anterior gobierno, pero también ha dicho que "no puede ser" que el actual no lo resuelva, porque 103 personas "siguen en la calle de forma injusta". Por eso, aunque el anterior gobierno "no hizo bien las cosas", ha exigido a éste que reconozca el error y busque una solución que evite que el asunto tenga que dirimirse en los tribunales. La diputada del PAR María Herrero ha planteado que no es posible que estos trabajadores sean contratados de nuevo y ha instado a quien tenga la solución a que "la ponga sobre la mesa".