Tres años y medio después de la última reunión de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua, esta se volvió a reunir en las Cortes de Aragón con el anuncio de que a finales de abril estará lista la licitación del informe de impacto ambiental del embalse de BIscarrués. Tras el notable retraso de convocatoria, se constató que apenas ha habido cambios sustanciales en la planificación del Gobierno y en el cronograma de las obras.
Eso, a pesar de que durante este tiempo varias sentencias judiciales han paralizado proyectos (Mularroya o Biscarrués), han seguido las dudas en torno a la seguridad de algunos grandes embalses (Yesa) o se ha constatado que el cambio climático es una realidad, como es una realidad que la configuración política en Aragón ha cambiado con un tercio de la cámara con nuevos agentes políticos y, por tanto, también las posiciones en torno a la política del agua, bien distintas hoy a las del pacto original, en 1992. Sin embargo, tanto la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, como el Gobierno de Aragón, dieron por válido el modelo y la lista de 151 obras acordadas -no todas por unanimidad, como insistió varias veces la ministra—de las que se han acabado 75.
UN TERCIO DEL TOTAL
La ministra reiteró que no habrá trasvases «si no hay acuerdo». Una frase tan tajante para el PP como ambigua para el PSOE, CHA, IU o Podemos, ya que pidieron más concreción a la hora de detallar en qué consiste ese acuerdo. García Tejerina repasó las principales obras y destacó que los Gobiernos de Mariano Rajoy han invertido en el Pacto del Agua más de 400 millones, un tercio del total. Para la ministra, el Pacto Nacional del Agua contemplará las garantías medioambientales y, como indica la primera palabra del acuerdo, es imprescindible el «pacto» para tomar decisiones.
Insistió en alabar las virtudes de este pacto y su vigencia, algo en lo que coincidió con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Ninguno de los dos consideran revisar el pacto, que ayer vio cómo se sentaban por vez primera miembros de Ciudadanos y de Podemos. La propia presidenta de las Cortes, Violeta Barba, se refirió claramente a la necesidad de modificarlo, porque hay nuevos partidos y también han cambiado las necesidades hídricas.
CONTROVERSIAS
La ministra minimizó las controversias que suscitan diversos embalses, especialmente Biscarrués y Yesa. Del primero elogió que servirá para suavizar las crecidas del Gállego y revitalizar la vida de 15.000 personas del entorno (a pesar de que en la zona de la Galliguera consideran todo lo contrario) y del segundo, garantizó la seguridad mediante el control semanal a través de 400 puntos que analizan el movimiento de las tierras y que son públicos. La ministra señaló la importancia del embalse de Yesa, un pantano que cuenta con el consenso del PP, PSOE, el PAR y Ciudadanos y que cuestionan CHA, IU y Podemos. La diputada de IU, Patricia Luquin, se mostró preocupada por el hecho de que no pudiera asegurar la cantidad que se va a invertr en una obra que ya cuadruplica el gasto previsto originalmente. También cuestionó, al igual que hizo Podemos y CHA, que al referirse al judicializado embalse de Biscarrués se refiriera a «sortear las dificultades·, cuanod se trata en realidad de decisiones de la Justicia.
Salvo el PP, el resto de grupos mostró sus dudas acerca de la reunión, ya que consideraron que se quedaron en el aire numerosos flecos. Solo la portavoz del Partido Popular, Mar Vaquero, destacó la política inversora emprendida por el Gobierno de Rajoy, y señaló que la posición sobre un hipotético trasvase no le sorprende porque «es la misma respuesta» siempre que se le pregunta: «En Aragón no hay acuerdo y, por tanto, no se puede ser más categórico. Cualquier colectivo que quiera rescatar el fantasmas del trasvase es para hacer ruido», destacó la diputada popular.
Por su parte, el portavoz del PSO deseó que el Gobierno de España mantenga esa postura de no prever un trasvase sin acuerdo, ya que su partido en Aragón «jamás acordará ni por activa ni por pasiva» un trasvase. «Me ha preocupado más la reserva hídrica del agua y le pedimos que lo concrete», subrayó.
También el PAR se mostró en esta línea y su portavoz, Arturo Aliaga, reclamó que se vigilen los caudales ecológicos, «no vaya a ser que otros pidan más», mientras que Jesús Sansó, diputado de Ciudanos (Cs) se mostró partidario de avanzar en materia de política hidráulica, dejando a un lado «el trasvase sí, el trasvase, no», e insistiendo en desvincular el debate del agua de la política.
Por su parte, el portavoz de CHA --socio de Gobierno del PSOE, con el que mantiene discrepancias en política hidrológica--, Gregorio Briz, resaltó que, ante la pregunta que él mismo formuló, la ministra no contestó con un «no rotundo», sino que lo vinculó a un acuerdo. «Ha venido a cubrir el expediente», destacó el portavoz nacionalista.
