La Fiscalía ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca que además del asesino confeso de Naiara, el hermano de su padrastro, Iván Pardo Pena, impute en la causa a aquél y a su madre, la abuelastra de la niña, en cuya casa se alojaba cuando fue torturada y asesinada. El ministerio público solicita este procesamiento en la misma resolución en la que pide transformar el procecimiento en causa de jurado popular, como es propio de un asesinato como este.
En su escrito, al que tuvo acceso Efe,atribuye a abuelastra de la niña y al padrastro presuntos delitos de violencia psíquica y física habitual en el ámbito familiar y contra la integridad moral y torturas.
Por su conexión directa con el caso, solicita la imputación de ambos familiares, «sin perjuicio de ulteriores responsabilidades penales que pudieran derivarse de las diligencias practicadas».
La petición de imputación de la abuelastra, que en su primera comparecencia judicial rechazó hablar y se limitó a decir que lo haría «más adelante», se deriva de un informe del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil que detectó rastros genéticos de esta mujer en una camiseta de la niña y en una toalla localizadas en el escenario de los hechos.
Tras el crimen, la abuelastra perdió la tutela de dos nietas menores de edad que vivían con ella y el presunto asesino y que, supuestamente, fueron obligadas a participar en las torturas sufridas por Naiara.
ANÁLISIS / Las primas, entrevistadas posteriormente por dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), llevaron a las especialistas a concluir que el estilo parental de la abuela tendió de forma continua y habitual al autoritarismo con sus hijos y sus nietas.
La jueza podría acordar en próximas fechas una nueva comparecencia de esta mujer y del padrastro a fin de recabar su testimonio en relación a las pruebas criminalísticas practicadas y a los testimonios de sus otras dos nietas, que su hija le dejó a su cargo tras separarse de su pareja.
La comparecencia lleva mucho tiempo solicitada por el abogado del padre biológico de la menor, Marcos García-Montes, quien de hecho también ha solicitado imputar a la propia madre de la menor, y no permitirle personarse como acusación particular, al considerar que tenía que estar al corriente del maltrato habitual al que, a su juicio, era sometida la menor. Algo que la madre ha negado reiteradamente.
Por el momento, esta última petición no es compartida por el ministerio público, pero sí la de los otros dos familiares que el padre biológico, Manuel Briones, sostuvo siempre que tenían que estar al corriente de lo que sucedía con la niña. También solicitó imputar a las primastras por su participación.
